Por: Antonio Casale

El deporte en la campaña electoral

Las propuestas para el desarrollo del deporte han brillado por su ausencia en esta campaña electoral.

Es cierto que durante el gobierno de Álvaro Uribe se implementó el impuesto a la telefonía celular para el fomento del deporte. Su vicepresidente gestionó la sede del Mundial Juvenil de Fútbol de 2011. También es verdad que en los cuatro años de gobierno de Juan Manuel Santos se puso en marcha la Ley del Deporte y que el equipo olímpico que compitió con gran suceso en Londres recibió un apoyo con el que jamás otra delegación había contado. El actual presidente también metió la mano para que se nombrara a un entrenador extranjero en la Selección de fútbol de mayores y los resultados saltan a la vista.

Pero se quedaron en lo taquillero, lo de fondo no les interesa porque no beneficia sus intereses electorales. La realidad a hoy es que los deportistas de élite afirman que el proceso olímpico para 2016 carece del respaldo necesario para repetir o mejorar lo de 2012. Los mejores entrenadores se han ido del país y las herramientas con las que cuentan en materia tecnológica y de preparación, dicen ellos, son más bien escasas. El equipo de ciclismo de Coldeportes tiene serios problemas administrativos y por cosas de la contratación pública los pagos a los pedalistas constantemente se atrasan. La Ley del Deporte funciona a medias porque el fútbol tiene corona y es una de las pocas actividades privadas que no tienen que responder ante la rigurosa auditoría del Estado. Esto atenta directamente contra el desarrollo integral del deporte rey como agente de paz y desarrollo, así como desampara a los futbolistas en pro del favorecimiento de los dueños de los equipos. Es decir, en cuanto al fútbol, el Estado no cumple con su deber de velar por el beneficio de las mayorías. El Estado tiene miedo de tomar cartas en el asunto y los del fútbol lo saben, se aprovechan de ello. Ha sido así con todos los gobiernos, sin excepción.

Lo peor es que, más allá de lo relativo a la alta competencia, no hay una sola propuesta de parte de ninguno de los candidatos para que el deporte y la escala de valores que propone se convierta en una alternativa a la violencia para los niños y jóvenes de hoy, matones de mañana. No todos tienen que llegar a ser Nairo, pero todos deberían tener el derecho al aprendizaje y práctica de las diferentes disciplinas. Para eso se necesitan, como lo propuso algún día María Isabel Urrutia, mínimo unos cuatro centros de alto rendimiento para la práctica del deporte en el pacífico, atlántico, oriente y occidente del país. Lugares a donde los jóvenes puedan ir a capacitarse en su deporte favorito, de manera gratuita, con profesores preparados que, más allá de los resultados, se enfoquen en aportar en la formación de hombres y mujeres de bien.

Si es que en serio hablan, cada uno a su manera de lograr la paz, los candidatos deberían darle la importancia que se merece a una política de Estado seria en torno al deporte, vehículo por excelencia de unidad y progreso para los pueblos.

 

 

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