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La semana pasada el “derecho a la salud” fue la excusa de algunos para justificar la decisión de un juez de ir en contra de la evidencia científica y la separación de poderes. Esta semana fue el “derecho al agua” lo que despertó la necesidad de algunos políticos de ventilar su ignorancia económica cuando se supo que “el agua” sería negociada en la bolsa de valores. ¡Como si los “derechos” fuesen excusa para renunciar al pensamiento!
Pocas cosas despiertan tantas pasiones como la discusión de los “derechos” económicos. La constitución de un país, las Naciones Unidas y hasta el mismo papa pueden decir que la salud, el agua y la vivienda son derechos, pero ninguna de esas autoridades tiene la capacidad de proveerlos. Son las instituciones, los mercados y la capacidad adquisitiva que ha construido la sociedad los últimos años quienes los han hecho una realidad. Casi sobra decirlo, no basta con escribirlos en un papel.
La noticia de esta semana, le contaba a mi prima, es que Wall Street empezó a negociar un producto financiero del agua para poder comprar el suministro a un mismo precio en el largo plazo.
—¿Para qué sirve eso? -—me preguntó.
—Isabel: – le contaba – imagínate un campesino que produce arroz. El hombre es experto en la siembra, la fertilización y en la cosecha, pero no es un experto en predecir el precio del agua. El campesino puede trabajar muy duro y ser muy bueno en lo que hace, pero si en el futuro aumenta el precio del agua que necesita para su producción, sus costos podrían serán muy altos y podría terminar sin el dinero suficiente para alimentar a su familia.
—Entiendo, pero… ¿para qué le sirve ese producto financiero?
—El “futuro de agua” le da al campesino (o a una planta de producción, una empresa o un Estado) la posibilidad comprar suministro de agua en el futuro a un precio acordado desde el principio. Si el precio sube, el campesino no va a la quiebra, sino que puede seguir pagando el mismo precio y quedar protegido por un tiempo prudente. Eso lo vende un financiero que tiene como manejar ese riesgo.
—Pero, primo. Si el agua es un derecho, ¿si es ético venderla?
La construcción el alcantarillado cuesta plata, igual que su mantenimiento y el tratamiento de las aguas. El agua es un recurso que tiene un precio de acuerdo a qué tan escaso es. Si hay una sequía, por ejemplo, importa poco si la ONU le llama un “derecho” al agua, su precio va a aumentar. Los futuros de agua les permiten a las personas protegerse de esas fluctuaciones.
Mi prima, siempre lúcida, me decía que es obvio que el agua no es gratis, pero que tal vez el Estado debe proveerla. Eso puede sonar romántico, pero tiene muy malos resultados. De hecho, según las investigaciones del profesor Galiani, en Argentina las privatizaciones de los servicios del agua le salvaron la vida a cientos de miles de niños.
Según el estudio, la mortalidad infantil cayó un 8% en las áreas que privatizaron sus servicios de agua. En las zonas pobres, la privatización tuvo efectos todavía mayores: la mortalidad infantil disminuyó en 26% gracias a la mejor gestión del servicio. En Argentina, el “derecho” al agua lo manejaba mejor la iniciativa privada que los políticos nombrando familiares en empresas de acueducto.
—Ah, claro —me dijo mi prima—, el Estado suele ser menos eficiente que el sector privado. Igual, ¿no se debería subsidiar el agua para que los pobres tengan acceso?
Cuando el agua es subsidiada, pasan dos cosas. Una es que las personas más pobres logran tener acceso a ella y eso es muy bueno. La otra es que se incentivan proyectos que usan demasiada agua y agregan poco valor. Estos proyectos acaban con el medio ambiente, exprimen el bolsillo de los contribuyentes y desperdician el agua subsidiada. Es mejor subsidiar a los más necesitados mientras salen de la pobreza que subsidiar el agua e incentivar desperdicios.
El “derecho” al agua, igual que el derecho a la educación, al trabajo y a la salud, deberían ser motivaciones para una discusión racional sobre los mecanismos que nos pueden acercar a un mundo con más de las anteriores, no una leguleyada para renunciar al pensamiento y diseñar políticas que nos dejan con muchos “derechos” en papel y poco acceso en la realidad.
Nota. El estudio del economista Carlos Osorio de Eafit que encuentra que un mayor número de derechos en la Constitución está relacionado con una menor institucionalidad, lo pueden encontrar en economiaparamiprima.com. ¡Preciso para la discusión!