Por: María Elvira Samper

El derecho a preguntar

¿Ha sido útil para el proceso de paz la estrategia de los negociadores del Gobierno en materia de comunicaciones?

¿No dar entrevistas, no aceptar preguntas, no explicar, no hacer precisiones, no orientar sobre lo que se acuerda en la mesa, y sólo manifestarse públicamente mediante comunicados, artículos para la prensa escritos por el jefe negociador, Humberto de la Calle, y declaraciones pregrabadas para la radio y la televisión?

En torno a este interrogante, Yolanda Ruiz, directora de noticias de RCN Radio, abrió un debate la semana pasada. Favorable al proceso porque considera —como millones de colombianos— que es hora de ponerle fin al enfrentamiento armado, lanzó una voz de alerta sobre “el peligro que se cierne sobre la democracia cuando a los periodistas no se nos da la posibilidad de preguntar y contrapreguntar sobre lo que se negocia en la mesa de diálogo”. Como muchos otros periodistas —y no periodistas—, comparto su inquietud, pues, como ella afirma, mientras los voceros de las Farc hablan y responden a la prensa con fluidez, y sus declaraciones dan para todo tipo de interpretaciones, los negociadores del Gobierno guardan silencio, inflexiblemente apegados al principio de la confidencialidad pactada de las conversaciones.

Es innegable que ese principio es uno de los activos del proceso, porque lo protege de que inevitables crisis coyunturales salgan a la luz y puedan echar por la borda los avances logrados. Sin embargo, creo que una cosa es mantener en absoluta reserva las dificultades y los pormenores de las discusiones internas y otra muy distinta ser prisioneros de ella. Hacer de la confidencialidad una mordaza autoimpuesta no sólo impide responder interrogantes y absolver dudas —hasta donde sea posible sin romper la reserva—, poner en contexto puntos de los preacuerdos, sino que también se convierte en mordaza para los periodistas que no pueden cumplir con funciones esenciales de su oficio. Más grave aún es que esa limitación lesiona el derecho de los ciudadanos a la información, y de contera deja campo abierto para la interpretación, que bien saben aprovechar los enemigos del diálogo para hacer especulaciones en función de su interés: el fracaso del proceso.

Estos factores, más las frecuentes y soberbias declaraciones de los voceros de la guerrilla, que parecen contradecir su supuesta apuesta por la paz, permiten explicar por qué, a pesar de que la mayoría de los colombianos apoyan la solución política del conflicto, también son mayoría los que se oponen a la participación de las Farc en la política, que, al fin de cuentas, es la razón por la cual estarían dispuestas a dejar las armas.

Los periodistas tenemos un gran desafío frente a las conversaciones de La Habana y en la construcción de la paz, lo cual pasa por el análisis de las experiencias del pasado para entender los errores, y por la obligación y la necesidad de estar bien informados. Por eso, los negociadores del Gobierno no pueden pretender que sólo sirvamos de correa de transmisión de los comunicados oficiales. Y por eso mismo, aunque la confidencialidad es necesaria porque lo que está en juego es, ni más ni menos, que la posibilidad de poner fin a la guerra —como señala Yolanda—, también es importante que, de vez en cuando, “los voceros nos permitan indagar a nombre de los colombianos sobre lo que están pactando”. Y remata su nota editorial publicada en la página web de la cadena: “Ojalá se logre ese acuerdo en La Habana, ojalá se acabe el conflicto por fin y ojalá no nos sorprendamos al final del camino por las preguntas que no hemos hecho y las respuestas que no nos han dado”. Ojalá.

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