Por: Cristina de la Torre

El destape de Duque

Después de tanto vaivén, de tanta calculada ambigüedad, se despoja el presidente de la piel de oveja para desnudar su más puro pedigrí reaccionario: el proyecto de reforma tributaria. Asalto a la mesa de los pobres y a la flaca bolsa de la clase media, llenará con ello el hueco de nuevas exenciones a los multimillonarios. Como si les faltaran. Otros $12 billones cercenados sin anestesia a las rentas del trabajo, en favor de las rentas del capital. Si apuntara al 1 % de las familias que acaparan el 21,6 % del ingreso nacional y pagan impuestos irrisorios, o ninguno; si fuera esta reforma progresiva —como en cualquier democracia— recaudaría en el acto decenas de billones y más aún en el mediano plazo. Cifras que Álvaro Uribe tapa mientras dice oponerse al IVA del pupilo, como abrebocas de campaña electoral. Fue el propio expresidente el primero en intentar la introducción del IVA en 2003; y en 2006 concedió gabelas de escándalo a grandes firmas nacionales y extranjeras. A zonas francas y mediante contratos de estabilidad fiscal, que Duque retoma.

Para Salomón Kalmanovitz, si a la elite empresarial se le aplicara el 37 % de impuesto a la renta que regiría para salarios de la clase media, se obtendrían $52 billones ya. Además, por arriendo de propiedad rural de lujo y por la propiedad del suelo rural se acopiaría cifra parecida. Si se suprimieran todas las exenciones a zonas francas, a hoteles y (ahora) a la dichosa economía naranja, se recaudaría otro tanto. Las exenciones de renta representaron $59,3 billones en 2007.

¿Por qué no paga tal impuesto el sector financiero, cuyas utilidades fueron el año pasado $17 billones? ¿Por qué no se cobran los $18 billones con cargo a capitales ocultos en Panamá? ¿Y los $50 billones que la corrupción le roba al Estado cada año, cuyo control legal deja hundir en el Congreso este Gobierno, mientras le entrega a la clase parlamentaria la quinta parte del presupuesto en calidad de mermelada? Reconociendo que proteger el erario no es logro alcanzable a la vuelta de la esquina; y que un pago justo de predial dependerá del catastro —saboteado por el latifundismo desde hace 90 años—, una suma de niño diría: a la mano, por impuestos sobre rentas de la elite, sus exenciones suprimidas y tributos sobre depósitos en paraísos fiscales, bien podría el monto superar los $70 billones. A mediano plazo, el control de la corrupción más impuestos sobre la tierra reportarían unos $100 billones. Populismo, se dirá, siguiendo la moda. No. El recaudo tributario en Chile representa el 5 % del PIB; en los países de la OCDE, el 8 %; en Suecia y Finlandia, hasta el 12 %. En Colombia representa mísero 1,5 %.

A la clase media se la tienen montada. Quieren ahora acorralarla con IVA, más impuesto de renta, ampliación de la base gravable y gravamen a las pensiones. Retener impuesto a las pensiones, después de que su titular cotizó y tributó durante décadas, configura doble tributación; y violenta derechos adquiridos que la Constitución protege. Ya a los pensionados se les descuenta el 35 % de su mesada, 12 % en salud y descuento por solidaridad. En suma, reciben 55 % menos de lo debido. Sin contar el 13 % perdido en los últimos años por reajuste según el Índice de Precios al Consumidor y no por referencia al salario mínimo.

A la voz de reforma tributaria, Fernando Londoño propone más bien acopiar recursos cerrando “ese engendro de la Corte Constitucional”, prohibiendo “cabildos abiertos y cerrados”, dejando de gastar plata “en el embeleco del posconflicto (en vez de aumentar magistrados en la JEP, quitarle 28, pues) da lo mismo suprimirlos que mantenerlos”. Nada raro. También el Gobierno anuncia, si su reforma se hunde, recortes en inversión social y en el posconflicto. Queda, pues, todo el cobre a la vista.

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2018-11-13T00:00:52-05:00

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2018-11-13T00:15:01-05:00

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