El divorcio del Estado y la academia

Con ocasión del debate sobre la educación superior, en lo que tiene que ver con el financiamiento de las universidades públicas o la escasa participación de las universidades colombianas entre las más importantes del mundo, se ha discutido poco acerca de la incidencia que tiene el conocimiento universitario en los procesos de toma de decisiones en el Estado colombiano. Mi impresión es que es muy poca o ninguna.

Como en todo divorcio, el problema siempre es de dos, y en este caso tanto el Estado como las universidades tienen su cuota de responsabilidad.

El Estado en Colombia es bastante reacio a fundamentar sus decisiones en estudios realizados en universidades o centros de pensamiento. Salvo en temas económicos, donde Fedesarrollo o el CEDE de la Universidad de los Andes son fuente permanente de estudios relevantes, la regla general es que no se usa el conocimiento universitario. Bogotá ha venido incorporando los estudios del CID de la Nacional y es saludable que esta universidad esté detrás de la logística de las víctimas en La Habana. Otro tanto sucede con las universidades de Antioquia, Valle y Uninorte en sus regiones. El Externado ahora mismo está desarrollando un gran proyecto sobre megaminería, y lo propio está haciendo la Universidad Central, pero en general, son casos aislados.

Se tramita una vez más una reforma a la justicia y hasta el momento las universidades no han sido consultadas sobre el particular. Uno se pregunta de dónde salen esos engendros de proyectos siempre con muy pobre evidencia empírica, lo que seguramente explica que estén condenados al fracaso.

Pero la academia también tiene su cuota de responsabilidad. Como las universidades entraron de lleno en la competencia, y hoy es más importante el indicador financiero que el académico, han relajado sus procesos de investigación y de producción de conocimiento en aras de ofrecer rentables posgrados, las problemáticas especializaciones y maestrías profesionalizantes donde lo que se busca es un título y actualizar algunos conocimientos. A esto se suma el sistema de acreditación que las induce a una producción académica autorreferida, donde los profesores nos vemos obligados a escribir papers para que nos lean nuestros colegas y nosotros a ellos, en una suerte de endogamia desconectada de la realidad social y política.

En el reciente Congreso de la Asociación de Ciencia Política, en Cali, me llamó la atención la cantidad de ponencias sobre temas teóricos, importantes sin duda, y la poca atención a los problemas reales del país. Cuando uno se da una pasada por las publicaciones académicas de distintas universidades se advierte una cabal compresión de la fenomenología de Husserl o el giro habermasiano y muy poca reflexión e investigación sobre los problemas que afectan a los ciudadanos en aspectos como ambiente, justicia, inseguridad, vulnerabilidad social, por sólo nombrar algunos temas que están a la orden del día en nuestro país.

No digo que no haya estudios en ese sentido —pero no hay buena información al respecto— ni que las líneas de investigación no se estén moviendo hacia allá, pero debe hacerse un esfuerzo mayor para que la agenda académica esté mucho más sintonizada con los problemas del país y las soluciones de política pública, y para que en el Estado exista mayor sensibilidad al conocimiento en los procesos de toma de decisión, sin que ello implique cooptación ni afectación de la autonomía universitaria. 

@cuervoji