Por: Luis Eduardo Garzón

El ‘doping’ en la política

TRAS EL HUNDIMIENTO DEL PROYECto de reforma política que el Gobierno dejó a mitad de camino en la Comisión Primera del Senado, todos pensábamos que en esta legislatura la agenda gubernamental se concentraría en este tema. Sin embargo, el nuevo ministro Valencia Cossio anuncia una reforma a la justicia con el fin, según ha dicho, de fortalecer su “autonomía y su independencia”.

Para este fin, se plantea una cirugía a fondo en varios campos: establecer el principio de la doble instancia para los procesos penales que se adelanten contra los congresistas y en el trámite de las acciones por pérdida de investidura. Para lo primero, se reducirían las funciones de la Corte Suprema de Justicia y éstas se trasladarían al Tribunal Superior de Bogotá. Para lo segundo, el Consejo de Estado conocería de las acciones, pero en segunda instancia, dejando la primera en manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

De otra parte, la investigación de los altos funcionarios estaría ya no en manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, sino del Fiscal General. Ya algunos han planteado que el Fiscal sea designado directamente por el Presidente y no por la Corte, como ocurre en la actualidad. En la misma dirección se señala que el Procurador General, que hoy tiene funciones disciplinarias, sea nombrado por el Presidente. A lo anterior se agrega la ampliación del período de los altos dignatarios de la justicia de 8 a 12 años. Aunque la propuesta se acompaña de revivir el discutible mecanismo de la cooptación existente en la Constitución anterior, un examen detallado de la reforma deja ver claramente su propósito: asegurar una mayor injerencia del Presidente en la justicia, que se acompaña de incorporar cambios que hagan más difícil las sanciones a los congresistas. A esto agreguemos que la reforma operaría a partir del segundo semestre de 2009 cuando ya se habrá integrado una nueva Corte Constitucional con mayoría gubernamental. El resultado de la ecuación es que tendríamos una Corte Constitucional, un Fiscal y un Procurador de una clara estirpe uribista por doce años, a partir de su aprobación.

Es decir, el “cambiamos o nos cambian” del otrora presidente del Congreso del 98, hoy ministro del Interior, se trasladó a la justicia, como si ésta tuviese la responsabilidad de la sobredosis de ilegalidad con la que llegaron muchos parlamentarios a ocupar curul. Lección de ética nos viene dando el Tour de Francia, en el que ciclista dopado, ciclista echado, con el agravante de que, con responsabilidad o no, se va el resto del equipo. Y no se espera el resultado de la contramuestra. Aquí todo hace avizorar que además de ir camino a la impunidad con los responsables de pactos non santos con la ilegalidad, la reelección no será solamente con nombre y apellido paisa, sino que el traje y el carriel serán a imagen y semejanza de los cambios institucionales que requieran sus medidas.

Falta ver si estas iniciativas reúnen consensos. La coalición de Gobierno parece un espejo roto; absolutamente fragmentada. Cambio Radical no se sabe si va o viene. La U se debate entre esa vocal, la S de Santos o la R de Marta Lucía. El Partido Conservador se hace el Sonsón con el presidente, tratando de revivir su identidad, mientras que las misceláneas gobiernistas que se llaman partidos minoritarios hacen todo lo posible por sacar a su gente de la cárcel.

Por eso la oposición tiene la gran oportunidad de hacer una agenda que, sin sectarismos y con grandeza, muestre un camino alternativo a estas reformas, pues de lo contrario en los próximos años tendremos que acudir a denunciar nuestras penurias en los avisos clasificados del periódico El Catolicismo.

 

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