Por: Ana Milena Muñoz de Gaviria

El efecto Mario Uribe

LAS COSAS EN COLOMBIA SIGUEN complicándose y los titulares en los medios de comunicación del mundo no nos ayudan mucho a calmar las cosas; la verdad es que las acciones realizadas por el senador Mario Uribe a raíz de  su orden de captura y la solicitud de asilo político dieron para que lo que se destacara fuera su relación con el Presidente.

Poca discreción exhibió el senador al enfrentar a las autoridades y la justicia. Quedó así mucho más marcado el problema de la relación de la política y los paramilitares, pues finalmente hay más de 63 congresistas vinculados por la Corte Suprema de Justicia al ya conocido escándalo de la parapolítica; 32 de ellos  están detenidos y hay crecientes rumores de nexos con las otras dos ramas del poder público.

Lo cierto es que lo hecho por el senador Uribe es desconcertante e inexplicable; todo indica que le quiso hacer un quiebre a la ley, renunciando primero al fuero de senador para no ser juzgado por la Corte sino por la Fiscalía, y solicitando un asilo político cuando ésta entidad lo vinculó formalmente, figura que supone una persecución política difícil de aplicar y entender cuando se es primo del Presidente y cercano a él, no sólo personal sino políticamente hablando. Fue contraproducente para el país y sin duda alguna para el mismo Primer Mandatario todo este episodio que se originó en una orden de captura que, según la Fiscalía colombiana, es “por el delito de concierto para delinquir consistente en concertarse para promover grupos armados al margen de la ley (autodefensas o paramilitares)”.

Bien lo ha dicho la Cancillería de Costa Rica al negar la figura invocada: “La histórica institución del asilo no debe ser desvirtuada”. El asilo político es el derecho que tiene una persona a no ser extraditado de un país a otro que lo requiere para ser juzgado por delitos políticos pero no por delitos comunes; en definitiva, no puede usarse para evadir los requerimientos de la justicia.

Lo triste de este episodio es que hacia afuera aparecemos como un país en el cual es frecuente hacerles esguinces a la ley  y a la justicia y en  donde se unen los buenos con los malos y todos parecen gobernar juntos. Razón parece haberle dado el señor Mario Uribe a la insinuación que recientemente hicieron políticos norteamericanos y algunos medios mundiales sobre la vinculación del presidente Uribe a los paramilitares.

Se le suman a este suceso los rumores sobre los nexos de Macaco con la Fiscalía y la Corte que solamente hacen daño y que  parecen obedecer a una guerra sucia contra aquellos que  tienen a su cargo las investigaciones de la parapolítica y el Congreso. Parece ser ésta la segunda fase de una estrategia que en primer lugar proponía crear un  tribunal especial, distinto a la Corte, para que asumiera el conocimiento de las imputaciones a los congresistas.

No hay por último que olvidar que la Ley de Justicia y Paz supone la delación para lograr los objetivos buscados: el sometimiento a cambio de beneficios de quienes se encuentran al margen de la ley. Por lo tanto o decidimos creer lo que dicen quienes delatan o derogamos la norma. ¿Quién dice entonces la verdad o a quién hay que creerle?

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