Por: Ramiro Bejarano Guzmán

El eje siniestro

Hay tres cosas que los uribistas tienen averiguadas. La primera, que Óscar Iván Zuluaga no será presidente porque no ha despegado ni lo hará, por muchas razones, pero sobre todo porque no se comporta como un verdadero candidato sino como un subalterno gris. La segunda, que tampoco sacarán los 30 senadores con los que iniciaron sus amenazas de apoderarse hasta del aire.

Y la tercera, que ese descalabro en las urnas que se ve venir lo atribuirán a un supuesto fraude electoral.

Digo lo anterior, porque Uribe es un mal perdedor. Cuando perdió el referendo, nunca aceptó que esa fuese una decisión legítima y soberana del pueblo, sino que todo se debió a que el censo electoral estaba supuestamente inflado con muertos.

La estrategia apunta a deslegitimar desde ya el segundo gobierno de Santos, porque nadie en ese grupo de energúmenos de los uribeños tiene la hidalguía de reconocer que fueron vencidos en franca lid.

La primera señal de esa perversa táctica se viene dando con la necia batalla para que les permitan incluir en el tarjetón electoral un logo con la imagen del expresidente Uribe, porque ellos suponen que el resto de los colombianos somos iguales de arrodillados y que apenas veamos el rostro de Uribe nos vamos a santiguar. El discurso de que se les están negando garantías porque el Consejo Electoral simplemente ha aplicado la ley que rige al respecto, solamente tiene el propósito de inflamar el ambiente de que el proceso electoral será tramposo.

El uribismo reclama tener el mismo derecho que tuvieron Peñalosa y Petro de incluir sus propias imágenes en el tarjetón, olvidando que ello fue posible gracias a que estaban aspirando a la alcaldía y no a cuerpos colegiados, lo cual es una diferencia sustantiva. En lo personal, prefiero que pongan en el tarjetón la cara siempre amarga del mesías del Ubérrimo, para estar seguro de no votar por él.

Pero los uribistas no están solos en esta empresa, pues de su lado tienen al perverso de Alejandro Ordóñez. Cuando el procurador no está ejerciendo de jefe de Estado en la sombra controvirtiendo el proceso de paz y todo lo que el Gobierno se propone, aparece sindicando a Santos de intervenir en política. O promoviendo el logo de Uribe en el tarjetón.

Ordóñez decidió, por sí y ante sí, que las relaciones internacionales pasan y se deciden por su despacho, y por eso un buen día se va al meridiano 82 en un buque de la Armada, y al siguiente aparece en La Haya descalificando anticipadamente la justicia nacional y exhortando a la fiscal de la Corte Penal Internacional para que intervenga a continuación del proceso de paz. Y en el Gobierno nadie se alza contra lo que además de constituir una usurpación de funciones, es un gesto inocultable de un jefe político, no del vocero del ministerio público. La canciller tiembla y no se atreve a llevar la contraria. Hasta razón tendrá, porque el procurador no se hace respetar sino temer.

Pero Ordóñez también ha venido contribuyendo al cuestionamiento de las elecciones de 2014, con la fábula de que Santos está interviniendo en política. A tal extremo ha llegado la Procuraduría que la delegada María Eugenia Carreño —una funcionaria de segundo orden, que se le ha olvidado explicarle al país cómo enterró, y por qué, la investigación por actos de corrupción en el Consejo de Estado en los que estaría comprometido su jefe —en un acto que la describe como arbitraria y grosera, insultó a un ministro llamándolo jefe de campaña del candidato-presidente.

Por fortuna el Consejo de Estado acaba de sepultar en un contundente concepto la aspiración torva de Ordóñez y sus esbirros, de impedirle a Santos continuar ejerciendo el mandato mientras es candidato a la reelección. Lo que es paradójico es que Ordóñez cuestione al jefe de Estado dizque por intervenir en política, cuando quien está en campaña es este nefasto procurador, que entre otras cosas le está saliendo costosísimo al erario por cuenta de la inmensa burocracia que prodiga a diestra y siniestra. Sobre esto último habrá que volver.

Adenda. Vergonzoso el deplorable resultado de Colombia en la medición de países corruptos realizada por Transparencia Internacional.

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