Por: Elisabeth Ungar Bleier

El Estado de derecho, a la deriva

Hay conceptos que por su uso indiscriminado y amañado van perdiendo significado y pertinencia. Es lo que sucede con el Estado de derecho. Este es invocado por gobernantes y líderes políticos de corrientes muy diferentes para demostrar que están actuando en derecho. Sin embargo, con frecuencia su accionar va en contravía de su defensa y respeto.

El “Informe del secretario general de la ONU sobre el Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos” (S/2004/616) lo define como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad y transparencia procesal y legal”.

Algunos ejemplos recientes ilustran un riesgo que conlleva a justificar decisiones o acciones a partir de interpretaciones equívocas del Estado de derecho y sus efectos en la gobernabilidad y el deterioro de la democracia. En Venezuela, el presidente Maduro sistemáticamente ha reafirmado su supuesta legitimidad en la realización de elecciones. En Perú, el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso y convocó a elecciones legislativas en enero de 2020, con lo cual debilitó la separación de poderes. En Bolivia, el expresidente Evo Morales desconoció los resultados de un referendo en el que los bolivianos rechazaron la posibilidad de una tercera reelección. No obstante, el Tribunal Supremo Electoral lo habilitó como candidato presidencial. Luego de su renuncia, en medio de acusaciones de fraude y de violentas protestas, la presidenta interina prometió convocar a nuevas elecciones, pero en el interregno, por decreto y sin consultar a los otros poderes públicos, autorizó a la Fuerza Pública manejar el orden público.

Haití, Argentina, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ecuador, México y más recientemente Chile, el llamado país modelo de la región, se han visto inmersos en masivas protestas ciudadanas contra la corrupción, las políticas sociales y económicas, exigiendo más y mejor democracia. Estas han sido violentamente reprimidas y criminalizadas, dejando miles de heridos y cientos de muertos. En todos estos casos los gobernantes han apelado a la defensa del Estado de derecho, pero este ha sido atropellado y vulnerado.

El próximo 21 de noviembre, miles de colombianos saldremos a marchar pacíficamente por las mismas razones de nuestros vecinos y por muchas más: por los silencios cómplices de quienes ocultan información sobre la muerte de niños, por quienes pretenden reemplazar el Estado de derecho por el Estado de opinión, por las violaciones a los derechos humanos, por el asesinato de líderes sociales, indígenas y excombatientes de las Farc, porque la paz está en riesgo. Porque pareciera premonitoria la canción de Shakira: ciegos y sordomudos frente a las demandas ciudadanas.

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2019-11-21T00:00:42-05:00

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2019-11-21T00:30:01-05:00

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