Por: Francisco Gutiérrez Sanín

El Estado en la clandestinidad

YA QUE EL GOBIERNO SE ESTÁ APUNtando varios tantos en la lucha contra la corrupción, vale la pena que también comience a combatir el pavoroso secretismo que existe en muchos de sus funcionarios, que gustan de actuar como si estuvieran en la clandestinidad y como si su primera, principal obligación fuera cerrar toda ventana informativa, todo atisbo de luz, a sus conciudadanos.

No estoy sugiriendo, naturalmente, que los entusiastas del secretismo sean corruptos. Lo que estoy diciendo es que esta clase de mentalidad y de rutinas constituye un terreno fértil para que prolifere el abuso y crezca la corrupción. No todo se reduce a “cultura del narcotráfico”. También hay mucho de primitiva discrecionalidad, de tradición conspirativa, como si el Estado fuera el principal actor clandestino.

Para ilustrar el punto, voy a contarles una minihistoria de horror en la que estoy involucrado. Sé que comparada a las verdaderas historias de horror que se padecen cotidianamente en este país, esta es pequeña y trivial. Aún así, no deja de tener un trasfondo indignante. Me encuentro desarrollando un proyecto de investigación sobre la dura anomalía colombiana: por una parte una democracia funcional y real, que no se puede reducir a pura apariencia, y por otra parte una violencia persistente, de la que el Estado es actor, y que afecta de manera particular a varios sectores de la población. En el curso de esta indagación —que, me imagino que varios de ustedes lo habrán ya intuido, es financiada por el Estado— pedí al flamante Observatorio de Derechos Humanos y DIH del respectivo Programa Presidencial que me entregara las cifras de homicidios de sindicalistas. Me entregaron una hojita de Excel, que cualquier persona entiende no es suficiente para un análisis estadístico serio. Pedí entonces la información completa (todo este proceso, por recomendación del director de la entidad, después de una conversación con él). Ni una palabra. Nada. Cuando finalmente demandé la respuesta formalmente, recibí un correo electrónico del director, prometiéndomela y adelantándome que “por decisión de la Dirección de tiempo atrás, no es posible entregar la información de los registros del Observatorio”.

Bueno, esta respuesta de menor de edad —quisiera ayudarte, pero es que otros decidieron por mí— no sólo es potencialmente ilegal y profundamente indignante, sino que revela el espíritu de secretismo al que me estoy refiriendo. Sobre el particular, caben tres reflexiones. Primero, el Observatorio no tiene ninguna razón válida para quedarse con esa información (con la que además no hace nada: nunca ha producido un análisis estadístico serio, y con el actual personal directivo tampoco lo hará). Si por ejemplo estuviéramos hablando de víctimas que estuvieran vivas y que hubiera que proteger (digamos, niños desmovilizados), entendería la decisión (aunque aquí también es relativamente fácil entregar parte de los registros, quitando las columnas comprometedoras). Pero aquí se trata de homicidio. Segundo, esto me parece un insulto adicional a las víctimas. Cuanto más sepamos quiénes fueron, qué hicieron, y mejor entendamos por qué los asesinaron, en mejor situación estaremos. Esta no es información que convenga guardar. Por respeto a las víctimas, lo mejor sería abrir puertas y ventanas. Tercero, se trata de un tema que no pertenece al pasado, y sobre el que uno esperaría un comportamiento más racional. Y esto, por dos razones sencillas. Por un lado, han seguido asesinando sindicalistas. No pocos. Muchos. Por otro, hay apuestas estratégicas del Gobierno ligadas a la solución de este preciso problema, con seguimiento cuidadoso por parte de la comunidad internacional. ¿No tendría sentido dar una muestra de que las cifras se están manejando con absoluta transparencia?

En este caso, no se trata sólo de que soy ciudadano y de que creo tener las herramientas para hacer un análisis que mejore nuestra comprensión de un problema que nos afecta a todos. Es que además creo que la obligación moral mínima de los académicos metidos en estos temas es contar (en las dos acepciones) nuestra tragedia. ¿Será que las rutinas del secretismo lo permiten?

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