Por: Eduardo Sarmiento

El Estado social en contravía

En la actualidad se dispone de información que permite esperar una fuerte expansión del gasto público. Por su parte, el Gobierno reveló su voluntad de recortar los presupuestos, elevar su eficiencia y ampliar las privatizaciones.

El envejecimiento de la población revelado por el censo significa mayores erogaciones por pensiones y salud. Por lo demás, las apropiaciones a la salud y la educación se verán incrementadas por la enfermedad de costos. La baja productividad de los servicios con relación a la industria induce a una fuerte elevación de sus precios con respecto al promedio.

El Gobierno se anticipó a cubrirse con un ambicioso programa de privatización. El remedio resulta peor que la enfermedad. La enajenación de empresas significa enormes rentabilidades para los compradores que encarecen el costo de los servicios. Isagén se vendió con rentabilidades de 15 % y en cuanto a la ETB se pretendió hacerlo con base en el estudio de valoración en 25 %. Las ganancias quedan principalmente en el capital.

El fiasco es grande. El gasto social, que se concibió como una forma de favorecer a los que menos tienen, resulta que favorece a los que más tienen. Las mayores ganancias se quedan en los intermediarios y en las ineficiencias del sistema. Así lo corrobora sin ambages la información de la distribución del ingreso. El 40 % más pobre no obtiene el 15 % de la factura tributaria. A diferencia de Europa, el coeficiente de Gini antes y después de impuestos es similar.

Es claro que el país se ve abocado a un aumento del gasto público que no llega a los sectores que más lo requieren. Por lo demás, significará aumentos de impuestos e ineficiencias que reducen el ahorro y el crecimiento económico por su baja eficiencia. El conflicto entre el crecimiento y la equidad se afianza y el Gobierno se precipita a resolverlo con privatizaciones que lo agravan.

El dilema es grande. El gasto social, que fue concebido como un medio de transferir ingresos de quienes tienen más a los que tienen menos por conducto del mercado, resulta contrario. Se confirma que las privatizaciones y el mercado no son el camino para reducir las desigualdades. Infortunadamente este hecho no se ha reconocido. Desde un comienzo se advirtió que la Ley 100 de 1993 no cumplía con los anuncios de pensiones, concedía grandes privilegios a los sectores más favorecidos y no llegaba a los grupos más necesitados. Sin embargo, la modalidad se mantuvo con ajustes cosméticos, y ahora se repite con la Comisión de Gasto, que recomienda prolongar el modelo que no funcionó durante 25 años.

Lo que se plantea es modificar la estructura de gasto público que viene de atrás. Más concretamente, una gran reforma que garantice que el gasto público reduce el coeficiente de Gini y eleva en forma considerable la participación del 40 % más pobre. Para empezar, es necesario corregir las falencias que inducen el encarecimiento de los costos de la salud y la educación, y complementarlo con algún control de precios. Lo más importante es una gran reforma pensional que se aparte de la Ley 100, que distribuye los beneficios de la solidaridad en forma creciente el ingreso. Se requiere una normatividad que reduzca el acceso a la modalidad de prima media a los sectores cercanos al salario mínimo y adopte una severa regulación del sistema de capitalización que garantice que los beneficios de la solidaridad social llegan en mayor proporción a los sectores menos favorecidos. Adicionalmente, habría que recortar los cuantiosos subsidios a las instituciones privadas, sustituir la intermediación privada de las EPS por la oficial y fortalecer la educación pública.

 

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