Por: Elisabeth Ungar Bleier

El Estatuto Anticorrupción, un buen comienzo

EL GOBIERNO NACIONAL RADICÓ el Proyecto de Ley para "fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control ciudadano".

Sin duda es una propuesta muy ambiciosa que contiene medidas administrativas, penales y disciplinarias para luchar contra la corrupción, para regular el cabildeo y la “puerta giratoria” y que define los organismos encargados de su implementación, así como de coordinar acciones, sistematizar información y elaborar informes de seguimiento al cumplimiento de las políticas formuladas. En palabras del Presidente Santos, estas constituyen “herramientas preventivas para el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana, el control social, la rendición de cuentas, el acceso a la información y  la promoción de una cultura de legalidad, probidad y transparencia”.

El proyecto hace parte de un conjunto de “iniciativas prioritarias” que el Gobierno ha  presentado a consideración del Congreso y deberá ser tramitado al tiempo con la Reforma Política, la Ley de Regalías, la Ley de Víctimas, la Ley de Tierras y las facultades extraordinarias para reestructurar los ministerios, entre otras.  Éste es el primer reto que deberá superar la iniciativa anticorrupción, sobre todo porque contiene normas como son la prohibición para que ex servidores públicos gestionen intereses privados y para que contraten con el Estado y las inhabilidades para contratar de quienes financien campañas políticas, o las medidas para atacar la corrupción en el sector salud, las cuales afectan directamente a poderosos sectores políticos y económicos. Además, en un contexto de congestión legislativa, este tipo de proyectos son muy propensos a ser objeto de las travesuras de los micos que suelen aparecer donde menos se esperan o a ser  aprobados sin mayor debate, desvirtuando el rol del Congreso como legislador.

El proyecto de Ley debe ser visto como uno de los componentes, importante sin duda, en el marco de una política integral de Estado de Lucha contra la Corrupción y por la Transparencia. Sin embargo, es sólo una de sus piezas. Es bien sabido que las leyes por sí solas no solucionan los problemas y que ésta, en particular, seguramente va a encontrar en el camino muchos enemigos y sectores interesados en evitar que sea aprobada o, por lo menos, que buscarán por todos los medios que no afecte a quienes han hecho de la corrupción una forma de vida y una fuente de ganancias. ¿Acaso quienes han desviado los recursos provenientes de las regalías para favorecer intereses particulares, o quienes se han apropiado de los recursos de la salud pública, o quienes han conformado los llamados carteles de la contratación, o quienes ven en la financiación de las campañas la posibilidad de obtener jugosos contratos de obras públicas, o quienes han cometido actos fraudulentos para beneficiarse de subsidios destinados a los pobres, o quienes han facilitado y cohonestado con la captura del Estado por actores legales e ilegales, van a ceder fácilmente estos beneficios? 

Por eso, vigilar el trámite del proyecto en el Congreso es un asunto que nos compete a todos. 

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