Por: Alberto Donadio

El falso trofeo de Pablo Ardila

A mediados de 2007, Norbey Quevedo, de El Espectador, denunció cuantiosas consignaciones en cuentas del gobernador de Cundinamarca Pablo Ardila.

Pocos meses después el funcionario, hijo del ganadero santandereano Jaime Ardila Casamitjana, propietario de El Espacio, fue detenido y estuvo en prisión hasta 2010, cuando recuperó la libertad por vencimiento de términos. En internet (www.thecaseofpabloardila.com), los defensores del coleccionista de cabezas de elefante, hipopótamo, cebra y otros trofeos afirman que “Pablo Ardila fue absuelto de todos los cargos que se le habían imputado” e insisten en que “no se encontró ninguna prueba en contra de Ardila” en la investigación por enriquecimiento ilícito abierta por la Procuraduría, por lo cual el procedimiento fue archivado.

Solamente la aseveración sobre el archivo del expediente es cierta. Basta leer los 49 folios del fallo de la Procuraduría para entender la diferencia entre ser exonerado de la acusación de enriquecimiento ilícito porque el hecho no existió y beneficiarse del archivo del expediente por causa de una nulidad. La absolución, que no existió, es un falso trofeo.

Eso sí, Pablo Ardila acaba de alcanzar el honor de aparecer en The New York Times en una serie sobre pícaros de varios países que utilizando sociedades secretas en paraísos fiscales compraron apartamentos de varios millones de dólares en el condominio Time Warner Center. El diario mencionó a Ardila, que en 2004, cuando se posesionó como gobernador, compró una residencia en esa torre por US$4 millones, la cual fue luego revendida por US$6 millones.

A raíz de la denuncia de Norbey Quevedo, la Procuraduría comisionó al director nacional de investigaciones especiales, Fernando Rodríguez Castro, para iniciar la indagación. Se aportaron al expediente centenares de extractos bancarios, en total más de 116 carpetas rebosantes de pruebas. Según el informe técnico de la Procuraduría, “el investigado Pablo Ardila tuvo durante los años que se desempeñó como gobernador de Cundinamarca un incremento patrimonial injustificado por valor de $12.546.157.000”. Es decir, más de US$5 millones. Pero en 2012 la procuradora delegada para la moralidad pública, María Consuelo Cruz Mesa, ordenó archivar el caso, pues según dijo el único funcionario de la Procuraduría que puede levantar la reserva sobre cuentas bancarias y ordenar otras pruebas judiciales es el procurador general y en este caso actuó Fernando Rodríguez Castro. No es cierto, pues, que fue absuelto. Se archivó el expediente por un tecnicismo jurídico.

Rodríguez Castro, hoy presidente del Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario, se defiende: “No sé por qué tomaron esa decisión. Allá hubo un cambio, se cambiaron los conceptos”. Sostiene que no solamente él como director de investigaciones especiales, sino hasta los procuradores regionales pueden ordenar que se levante la reserva y plantea, con razón, que sería absurdo que para un trámite elemental como aportar al expediente la hoja de vida, que es reservada, tuviera que intervenir directamente el procurador general. Si Rodríguez Castro obró sin tener atribuciones legales, ¿por qué la delegada Cruz Mesa no dispuso investigarlo? Se acusa a un alto funcionario de obrar ilegalmente en una argumentación que termina no castigando a Pablo Ardila, pero no se le deducen responsabilidades al citado funcionario. ¿No es amañar el verbo que viene al caso?

A los asalariados en Colombia se les practica la retención en la fuente para pagarles el sueldo, la prima, las vacaciones y la pensión de jubilación a esta cáfila de ineptos de la Procuraduría. Los procuradores delegados como María Consuelo Cruz Mesa ganan lo mismo que los congresistas, unos $24 millones mensuales. El director nacional de investigaciones especiales recibe más de $15 millones al mes. Eficiencia es lo mínimo que se espera de estos sueldos. La ineficiencia se convierte en enriquecimiento ilícito.

 

 

 

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