Por: Santiago Montenegro

El fin de Eta

El anuncio de la banda terrorista Eta de que dejaba las armas para siempre me produjo una gran emoción.

Si a nosotros, los colombianos, la noticia nos conmovió, trato de imaginar cual habrá sido la impresión que esta noticia causó a los demócratas españoles, a los dirigentes políticos, pero, muy especialmente, a las víctimas de más de 40 años de terrorismo. Aunque ya diezmada y sin apoyo político, ni siquiera de la izquierda vasca, el anuncio de la banda terrorista era un paso que los demócratas españoles estaban esperando desde el comienzo de la transición política, después de la muerte de Franco. No es exagerado decir que sólo ahora termina la transición y, en alguna medida, también termina el franquismo. Porque, al seguir matando después de la desaparición del dictador, la banda equiparó a la naciente democracia con el régimen anterior. Sólo cuatro décadas después, los etarras se dieron cuenta de que eran ellos, y no los demócratas españoles, quienes estaban más cercanos al dictador y a su régimen. Porque, durante 40 años, fusilaron a quienes no compartían sus ideas, intimidaron, coartaron la libertad, forzaron al exilio a centenas de vascos y a españoles que vivían en Euskadi. En su comunicado alegan que dejan las armas porque las condiciones políticas han cambiado y, en alguna medida, se han ajustado a sus demandas. Falso. Las instituciones españolas no han cambiado y, al contrario, por mantenerse firmes, por cerrar filas todos los partidos políticos contra el terrorismo, la banda se vio forzada a desistir de la violencia. Por eso, la renuncia a las armas de Eta es un triunfo completo del Estado y de la democracia española y una derrota del terrorismo. Es una noticia que nos alegra a todos los que amamos a España y compartimos los principios de la democracia liberal.

A los colombianos nos conmueve esta noticia porque aquí aún tenemos grupos violentos que secuestran, boletean y matan bajo el principio de que hay muertos buenos. Pero, como en España, aquí no existe justificación para la existencia de grupos alzados en armas. Colombia tiene una Constitución que consagra el Estado social de derecho y unas instituciones democráticas legítimas. Desde los albores de la república, los colombianos aprendimos a elegir a nuestros gobernantes con el voto popular, votamos mayoritariamente a civiles y ellos hicieron un uso limitado del poder. Así, Colombia fue siempre tierra estéril a los caudillos y dictadores militares que pulularon en muchos países del continente. Cuando fallaron los filtros que debieron contener aspiraciones caudillistas, los jueces actuaron defendiendo los principios liberales contenidos en nuestra Constitución, que consagran el derecho a la alternación y precisan que el poder debe ser limitado en el tiempo. Por supuesto, nuestras instituciones no son perfectas. Hay problemas en la justicia, la política y la economía. Tenemos una informalidad laboral de un 60% y una tasa de desempleo de un 10%, por cierto, la mitad de la de España, en donde el desempleo de los jóvenes alcanza un 45%. Pero esas no son excusas para que unos colombianos se asignen el derecho de matar a otros para alcanzar fines políticos. Diezmados, como en España, esos grupos deberían pensar seriamente seguir el paso que acaba de dar Eta. Deben convencerse de que carecen de apoyo popular, de que jamás lograrán la conquista del poder por medio de las armas y de que jamás habrá otro San Vicente del Caguán.

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