El fiscal y las instituciones

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En el Estado colombiano hay cuatro altos cargos que deberían estar al margen de la polarización política. Estos son el de fiscal general de la Nación, procurador general de la Nación, contralor general de la República y defensor del Pueblo, cuyas cabezas deben dar garantía de imparcialidad e independencia en el ejercicio de sus funciones. Pero esto no ha sido posible, en parte por esa misma polarización y también debido al mismo diseño institucional que termina otorgando un componente político a dichos cargos.

En la conformación de esos cargos, el presidente de la República interviene directamente en tres: elabora la terna para fiscal y para Defensor del Pueblo, designa a uno de los miembros de la terna para procurador, y de manera indirecta influye a través de su coalición política para la elección del contralor en el Congreso en pleno. Si los presidentes tuvieran sentido republicano, ternarían a personas de las más altas calidades técnicas y profesionales, experiencia en el servicio público y trayectoria destacada en él, pero no, en general inciden para que a esos cargos lleguen sus amigos o personas que den la seguridad de que una vez en el cargo no se conviertan en una piedra en el camino.

Se usa esa función de ternar de la manera más mezquina posible, no pensando en el bien del país sino en el beneficio político que pueda traerle al gobierno, porque qué mejor que un procurador y un contralor amigos, un defensor del Pueblo que no moleste mucho con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, y qué bueno un fiscal que no mire mucho a mi coalición política. Se designa para blindarse y de paso, si es posible, amedrentar a la oposición. Con matices y variaciones, la mayoría de gobiernos lo han hecho. Nos quejamos de que Duque ternó a Barbosa pero nos olvidamos de que Santos ternó a Néstor Humberto.

Desde siempre se supo que Francisco Barbosa no tenía ni la experiencia ni la formación para ser fiscal general de la Nación, su valor agregado era el de ser amigo personal del presidente Duque, factor que terminó pesando en su elección por parte de la Corte Suprema de Justicia, corporación que también tiene su cuota de responsabilidad en este desaguisado. Hoy sabemos que tampoco tenía el temple ni el equilibrio emocional para el cargo, algo que hubiera podido saberse si el proceso de selección y de entrevista hubiera más riguroso y exigente.

No sabemos con qué criterios la Corte Suprema elige fiscal. Parece ser que si el día de la entrevista uno de los ternados amanece con alguna lucidez discursiva obtiene el cargo. En algún momento esa corporación devolvió la terna porque era inviable, pero no se conocieron los términos ni el fundamento de esa decisión que bien hubiera podido aplicarse en esta oportunidad, si los magistrados hubieran sido más rigurosos en el análisis de la hoja de vida de los candidatos.

La seguidilla de malas decisiones y reacciones del fiscal Barbosa al frente de la Fiscalía amerita un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia y un llamado de atención a que asuma el cargo con la seriedad y la responsabilidad que corresponde, o renuncie.

Pero nos queda el debate sobre el diseño institucional para la elección de estos cargos, uno donde no haya tanta influencia del Ejecutivo, donde en el caso del defensor del Pueblo tenga más incidencia la sociedad civil, en el del procurador y contralor menos incidencia la clase política, y donde el fiscal no le deba el cargo a quien lo terne. No es un debate fácil pero hay que darlo, no podemos seguir feriando el sistema de frenos y contrapesos del Estado colombiano en función de la coyuntura.

@cuervoji

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