Por: Yesid Reyes Alvarado

El fuero militar

El comandante de las Fuerzas Militares ha puesto sobre el tapete el tema del fuero militar. El hecho de que el nuevo ministro de Defensa se haya referido al mismo y algunas alusiones que en esa línea ha hecho el presidente, muestran que no se trata de una opinión aislada, sino de una real preocupación del Gobierno.

Quiénes deben juzgar a los integrantes de las Fuerzas Armadas y por qué delitos, es un asunto que de tiempo atrás ha generado debate en el país y está lejos de haber sido resuelto; por eso la discusión es bienvenida. Lo primero que llama la atención es que todos parecen estar de acuerdo en un principio general conforme al cual la justicia penal militar debe ocuparse de la investigación y juzgamiento de los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo.

Como la polémica ha girado es en torno a cuáles son los actos relacionados con la actividad militar, no es correcto decir que en Colombia el fuero se ha perdido. Lo que ha ocurrido durante los últimos cuarenta años es una variación en cuanto a la forma de interpretar esa expresión. En un extremo están quienes piensan que corresponde a la justicia penal militar el juzgamiento de toda infracción cometida por quien está de servicio, tesis que ha llevado a que bajo esas reglas fuera procesado un agente acusado de violar, durante su turno, a una niña dentro de una estación de policía. En la otra orilla se sitúan quienes sostienen que ese privilegio debe estar reservado a las infracciones típicamente militares, lo que reduciría su ámbito de aplicación a temas como la deserción o el llamado delito del centinela.

Trazar con nitidez la frontera entre lo que corresponde a una y otra jurisdicciones no es tarea fácil; el disparo de un policía contra un sospechoso desarmado puede ser visto como un acto contrario a sus funciones (lo que conduciría a aplicar la justicia penal ordinaria) o como un exceso ocurrido justamente en desarrollo de las labores de vigilancia encomendadas a ese cuerpo armado (con lo que debería ser un tema a cargo de jueces castrenses).

Sin embargo, desde el punto de vista del Derecho Internacional se han fijado parámetros que permiten descartar de antemano la conexión de algunos hechos delictivos con los actos propios de la función militar o policial. Así se ha hecho, por ejemplo, respecto de los crímenes de lesa humanidad; desde el punto de vista jurídico no cabe ninguna duda en cuanto a que los autores de torturas o genocidios o aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario no pueden ser cobijados por el fuero; no sólo porque así lo dice de manera expresa el Código Penal Militar, sino porque a eso se ha comprometido Colombia ante la comunidad de naciones.

Por fuera del debate deben mantenerse, entonces, casos como el de los militares investigados por hechos relacionados con el Palacio de Justicia (que fueron expresamente invocados por el actual comandante de las Fuerzas Militares), porque ellos están siendo juzgados por su posible participación en desapariciones forzadas que, ni en el plano nacional ni en el internacional, puede ser sometida a la justicia penal militar.

 

 

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