Por: Eduardo Sarmiento

El futuro de la Constitución

Luego de la aprobación de la Regla Fiscal y de las conmemoraciones de los 20 años de la Constitución surge el interrogante sobre el futuro.

 

Si bien los derechos fundamentales recibieron el reconocimiento unánime de representar el avance más importante con respecto a las Cartas anteriores, los debates no llegaron lejos en la evaluación de las realizaciones. En particular, no se esclareció, porque en las dos décadas que siguieron a la Constitución la pobreza se mantuvo cerca de 50%, el desempleo y la informalidad aumentaron y la distribución del ingreso llegó a ser una de las más desiguales del mundo.

La explicación la presenté en un artículo reciente: los principios y criterios sociales de la Constitución fueron suplantados por el modelo neoliberal que se inició en la misma época a todo vapor y ha dominado el espectro de la vida nacional.

La ilustración más clara está en la salud y en la educación, donde el espíritu de fondo de la Constitución fue vulnerado por el acto legislativo de 2002, que congeló las transferencias regionales. En los últimos diez años los gastos correspondientes a los dos rubros en términos del ingreso per cápita bajaron cerca de 20%.

El recorte ha sido traumático. La partida asignada a los pacientes del sistema subsidiado no ha permitido actualizar el POS y ha obligado a que los servicios especializados se obtengan por la vía de las tutelas. Si a esto se agregan las prácticas monopólicas de las EPS para apropiarse de los recursos públicos y deprimir los servicios, no es posible cumplir el mandato de la salud universal. Y no se ha entrado en razón. La ley de la reforma de salud aprobada al final del año pasado mantiene la misma estructura en el intento de salvar las EPS.

Algo similar sucede en la educación. Las bajas apropiaciones han afectado tanto la calidad como la cobertura. La situación más grave se presenta en la educación superior. Los estudiantes que culminan el bachillerato con títulos debidamente certificados no tienen acceso a la formación superior por la carencia de cupos en las universidades públicas o por la imposibilidad de cubrir las matrículas de las privadas. Los fondos destinados a la educación pública apenas permite el acceso de 800.000 estudiantes.

En lugar de elevar la apropiación presupuestal para aumentar la cobertura de la universidad pública, el Gobierno proclama el ánimo de lucro en la educación. Se equivocan. El afán de ganancia no induce a los inversionistas a destinar becas y financiar a los estudiantes. Tal como ocurrió en la salud, los esfuerzos se concentrarán en las áreas que les permitan cargar matrículas por encima de los costos o bajar la calidad.

Es claro que la privatización es un esguince para eludir los derechos fundamentales. Así, las EPS sirvieron de escudo para incumplir el mandato de la salud universal. Del mismo modo, la privatización de la educación es una disculpa para incumplir el derecho a la formación superior. Lo grave es que el panorama se tornara más gris con la Regla Fiscal, que interferirá con los fallos de la Corte Constitucional y las tutelas. Tal como quedó en el reciente acto legislativo, constituirá otra excusa para no cumplir o postergar los derechos fundamentales consignados en la Carta.

El país no puede llamarse a engaño. La privatización y la limitación de recursos representaron un severo impedimento para la realización de los derechos fundamentales de la salud, educación y trabajo. Su cumplimiento en el futuro está condicionado a un modelo que propicie una estructura productiva que asegure el empleo bien remunerado a toda la población y frene las ganancias del capital, al tiempo que formalice una organización social que le dé prioridad a la equidad sobre la eficiencia.

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Eduardo Sarmiento

Angustia fiscal

La ley de financiamiento

Abdón Espinosa Valderrama

Política fiscal y estancamiento

El premio nobel y la industrialización