Por: Yohir Akerman

El G-3 de Uribe

El pasado 11 de septiembre la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Luis Guillermo Salazar Otero, condenó a siete años de prisión a Jorge Aurelio Noguera Cotes por el delito de concierto para delinquir agravado.

Noguera Cotes, de 53 años, fue director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, del 16 de agosto de 2002 al 26 de octubre de 2005. Luego de su administración, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público comenzaron varios procesos en su contra cuando se conoció el escándalo de las interceptaciones que se desarrollaron dentro de esa institución a periodistas, organizaciones de derechos humanos y miembros de la oposición del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Un dato interesante es que desde el 25 de septiembre de 2011 Noguera decidió cancelar la actividad de sus apoderados y adoptó una actitud renuente frente al caso. Incluso le fue asignado un abogado de oficio para que lo defendiera, pero Noguera se negó a entrevistarse con él y tampoco participó en las audiencias a las que era requerido por la Corte.

El caso más grave que lo relaciona con por lo menos dos delitos, aunque finalmente solo fue condenado por concierto para delinquir agravado, tiene que ver con la creación del Grupo Especial de Inteligencia G-3.

El G-3 fue una unidad dentro del DAS dedicada a espiar, hostigar, amenazar e, incluso, torturar a personas sobre las cuales recaían sospechas de ser cercanas a las guerrillas de la Farc y el Eln, o de promover el terrorismo.

La Corte concluyó que el G-3 fue desde sus inicios engendrado en la ilegalidad puesto que no existe ningún decreto o proceso jurídico que dé cuenta de su creación, por lo que tuvo un carácter de clandestinidad que, además, fue financiado con recursos públicos con la justificación de hacer inteligencia para salvaguardar la seguridad nacional.

Ahora bien, el G-3 llegó incluso a conocer con exactitud, por ejemplo, el horario del colegio de los hijos de varias de las personas de la oposición a las que se les hacían seguimientos.

Uno de los casos más significativos es el que se denominó “Transmilenio” en referencia al colectivo de abogados José Alvear Restrepo, del cual hacía parte el congresista Alirio Uribe y que, entre otras cosas, tuvo por muchos años la defensa de las víctimas familiares de Jaime Garzón tras su homicidio. (Ver Jaime Garzón y Álvaro Uribe).

El G-3 tenía también una estrategia para demeritar el trabajo de algunas personas que hacían eventos para recordar las masacres y los asesinatos de los paramilitares. Dice la sentencia, “el DAS desplegó acciones que denominó inteligencia ofensiva, para sabotear los diversos eventos donde se exponían las atrocidades de los paramilitares (…) existió una alianza entre los miembros del DAS y el paramilitarismo pues la central de inteligencia se encargaba de realizar seguimientos, interceptaciones, obtener información y elaborar listados de personas señaladas de pertenecer a grupos de izquierda para posteriormente suministrarlo a las autodefensas”. (Ver Sentencia Corte Suprema Jorge Noguera 2017, página 23).

Una belleza.

Por su parte, la Fiscalía aseguró que el mecanismo o la función por excelencia del G-3 era realizar inteligencia estratégica y con ella mantener informado al presidente Álvaro Uribe Vélez. (Ver Corte Suprema, página 12).

A ese respecto, existe una publicación del 8 de mayo del 2002 de la revista Semana que habla de la creación del Centro Nacional de Inteligencia en el gobierno de Uribe. La novedosa apuesta funcionaba “en el inmenso salón del Palacio Presidencial que era conocido como la sala de Estrategia Nacional y estaba integrado exclusivamente por civiles, analistas, y expertos en inteligencia y contrainteligencia”. (Ver La inteligencia de Uribe).

¿Coincidencias?

No parece, por eso resulta muy extraño, por decir poco, que el exmandatario argumentara desde que se conoció el escándalo que no sabía o no estaba enterado de lo que se hacía en el G-3, sobre todo porque el jefe del DAS, por ser este un departamento administrativo, solo recibía órdenes y daba reportes al presidente y además el mismo Uribe Vélez ha admitido que conocía los informes de inteligencia. (Ver Video declaraciones de Uribe).

Ante la duda, o la certeza de la Corte, la entidad decidió compulsar copias de las pruebas a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue al expresidente.

Luego de conocerse la noticia, el senador Uribe Vélez hizo lo que mejor sabe hacer: responder un ataque con otro ataque y utilizar sus redes sociales para distraer la atención y, con eso, cuestionar de forma indebida a Alirio Uribe, una de las víctimas y peticionarios de que el proceso llegara a la Comisión. (Ver Twitter de Uribe).

En varios de sus tweets, el senador lo llamó defensor de las Farc y desmovilizado, aun cuando la sentencia de la Corte Suprema estipuló que “nunca se establecieron cuáles eran las acciones al margen de la ley desarrolladas por él que permitieran los seguimientos en su contra”. (Ver Corte Suprema, página 65).

Tal parece que el expresidente sigue contradiciendo la justicia y la ley.

@yohirakerman

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