Por: Augusto Trujillo Muñoz

El galimatías de las objeciones

Las objeciones presidenciales a la ley de la JEP resultaron más inconvenientes que las normas objetadas. Ahora el galimatías es doble: jurídico y político.

El galimatías jurídico: si las objeciones son aceptadas, habrá que tramitar una nueva ley estatutaria que, a su vez, irá a control previo de la Corte, mientras la actual queda en el limbo. Pero si no son aceptadas por el Congreso, la ley actual también queda en el limbo, porque la Constitución exige (art. 153) que la “aprobación, modificación o derogación” de las leyes estatutarias “deberá efectuarse dentro de una sola legislatura”. Simplemente, es imposible cumplir ese mandato superior.

El galimatías político: Colombia vive tiempos en los cuales se impone construir consensos mínimos. Incluso los acuerdos injustos son preferibles a las guerras justas. En ese sentido las objeciones son, por lo menos, inoportunas. No basta con decir que se está cumpliendo una promesa de campaña, porque las obligaciones de los gobernantes están por encima de las de los candidatos. Pero si de lo que se trata es de obtener “una paz que garantice de manera genuina paz, justicia y reparación”, desembocamos en una insondable arena movediza que se traga, por completo, la posibilidad de cualquier paz. ¿Qué significa “de manera genuina” y quién la califica? Por Dios, la paz es un problema político y la política es el arte de lo posible.

Tiene razón Jaime Castro en su columna del diario El Tiempo cuando afirma que, con o sin objeciones, la JEP puede seguir cumpliendo sus funciones normalmente. Podría, incluso, “ampliar su capacidad interpretativa y sus atribuciones, mientras el Congreso decide si acepta o no las objeciones, pues en tal caso solo estaría sometida al imperio de la Constitución”. Sin embargo, las objeciones reviven un debate que ya estaba superado y enturbian las relaciones del país con la comunidad internacional. Literalmente enredan el futuro: Ya se vio la irresponsabilidad con que Paloma Valencia y Pablo Catatumbo van a asumir el debate que se avecina. Por todo eso, lo conveniente hubiera sido sancionar la ley y luego presentar al Congreso las reformas pertinentes.

Ahora cambiemos de tercio: más allá del tema de la JEP, existe un grave problema de diseño constitucional relacionado con las leyes estatutarias. Lo señala Juan Fernando Londoño en su columna de Semana: el artículo 153 superior convierte a la Corte Constitucional en legislador y socava el equilibrio entre las ramas del poder público. A su juicio, cualquier argucia argumentativa de la Corte puede crear legislación y trastocar la voluntad popular representada en el Congreso. Es más: mientras éste debe tramitar el proyecto en una sola legislatura, la Corte puede tardar años en tomar la decisión correspondiente. No sin razón el jurista norteamericano Larry Kramer es partidario de un constitucionalismo sin presencia activa del juez, dentro de una figura que privilegia la sociedad sobre el Estado. Kramer lo denomina constitucionalismo popular.

Como si tuviéramos pocos, ahora el país está metido en un nuevo problema. Tiene razón Alfonso Gómez Méndez cuando, al señalar la inconveniencia de las objeciones, recordó en la revista Semana un verso de la célebre fábula de Iriarte: “Tantas idas y venidas, tantas vueltas y revueltas, quiero, amiga, que me diga: ¿son de alguna utilidad?

@Inefable1

* Exsenador, profesor universitario.

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