Por: Armando Montenegro

El gasto en la justicia

Llama la atención que algunos de los representantes de la justicia reducen sus ideas de reforma a una sola frase:

“necesitamos más plata”, en su entendido de que así se arreglarían todos los problemas. Ignoran, de paso, todo lo que tiene que ver con la eficiencia, productividad, incentivos, prácticas gerenciales, controles y, en general, los avances de la gerencia moderna tan ausente y tan necesaria en las cortes y juzgados.

Un vistazo a las cifras internacionales de la justicia sugiere que el problema no es de plata. Colombia tiene un número relativamente alto de jueces y su gasto en justicia es mayor que el de muchos otros países del mundo.

Colombia tiene casi 11 jueces por cada 100.000 habitantes, una cifra más alta que la de Francia, España, Brasil, Inglaterra y Chile, y semejante a la de Estados Unidos, Suecia y Noruega, países todos, sobra decirlo, con atrasos judiciales y cifras de impunidad mucho menores que los nuestros (eso sí, Colombia tiene un número de abogados superior al de la mayoría de países del mundo: casi 390 por 100.000 habitantes, la causa profunda, tal vez, de la excesiva e invencible tramitomanía y de la dilación de cualquier proceso).

El gasto judicial en relación con el PIB en Colombia es del orden del 0,9% del PIB, bastante más alto que el de muchos países europeos (Alemania, España Inglaterra y Francia) y de América Latina (México y Brasil). La justicia en Colombia tuvo por mucho tiempo presupuestos del orden del 0,5% del PIB, pero gracias a las reformas de Gaviria esta cifra superó el 1% del PIB. Luego, con los ajustes fiscales de la primera década del siglo, este porcentaje retrocedió a sus niveles actuales.

Algo que no aparece en los discursos de los voceros de la Rama es que su prioridad debe ser la de asegurar que la población colombiana reciba buenos servicios de justicia, un elemento fundamental para el orden y la convivencia. En esta materia, los datos y las encuestas internacionales indican, con toda claridad, que en nuestro medio existe un gran déficit.

Los planteamientos de esos voceros, por momentos, recuerdan los de los sindicalistas del sector público, cuya meta se reduce a tratar de conseguir recursos y beneficios para sus asociados, al tiempo que poco o nada hablan de la cantidad y la calidad de los servicios que le prestan a la ciudadanía.

La conclusión es clara: si los recursos son abundantes al tiempo que los servicios son malos y escasos, el problema es de eficiencia, gerencia y organización.

Un buen estudio de los gastos de la justicia —inexistente hoy, pero indispensable para orientar una buena reforma— nos diría, seguramente, que la justicia sí necesita, en forma moderada y precisa, más dinero. Pero que las sumas adicionales, bastante menores a las que exigen los líderes de la Rama, deberían dirigirse selectivamente a agilizar procedimientos, pagar bonos por buen desempeño, incorporar mejoras tecnológicas y otros elementos semejantes. Concluiría también que los necesarios aumentos de la nómina deberían estar localizados sólo en ciertas áreas y regiones críticas.

Sería un grave error otorgarle a la justicia un gran aumento de recursos, en bloque y a la loca, simplemente para que gaste más. Si esto sucede, se presentará necesariamente un mayor desperdicio, sin que mejoren para nada los servicios que recibe la población colombiana.

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