El Gobierno de la historia única

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Al escuchar hablar de África, muchas personas hacen asociaciones inmediatas con términos como pobreza, selva o negros. En concordancia con estas representaciones, el Banco Mundial estima que el 43 % de la población africana vive en condiciones de pobreza extrema. Una tragedia infinita y una paradoja para un continente abundante en recursos naturales y riqueza cultural. Lejos de las representaciones mentales tradicionales, existen, por ejemplo, más de 3.000 grupos étnicos diferentes, los cuales, a pesar de la globalización, todavía mantienen sus costumbres. En el continente se hablan unas 1.500 lenguas diferentes, una riqueza lingüística única. Así mismo, más del 50 % de la población francófona del mundo vive en el continente africano.

Hay aspectos menos conocidos del continente negro, como que la Universidad de Timbuktú de Malí, que se fundó en el siglo XII, sea una de las universidades más antiguas del mundo. Así mismo, casi todos los ritmos musicales tienen raíces africanas. También se sabe que fue allí donde apareció el homo sapiens, el lenguaje y la vida humana: ¡eso también es África!

La destacada escritora nigeriana Chimamanda Adichie ha desarrollado, en libros y conferencias, un término para expresar la situación anterior. Dice que se trata del peligro de una sola historia: “La consecuencia de la historia única es ésta: roba la dignidad de los pueblos”.

Las historias únicas reflejan lecturas fragmentadas y muy poco profundas de la realidad. Por ese tipo de lectura, los colombianos hemos sido conocidos en el mundo esencialmente como traficantes de cocaína. Afortunadamente, deportistas, artistas y el complejo proceso de paz en marcha han cambiado el imaginario que estuvo muy generalizado en el exterior hasta hace una década. Cuando viajamos al exterior, hoy nos preguntan por la paz y por nuestros deportistas y artistas, cada vez un poco menos por la cocaína.

Traigo a colación el concepto de “historia única” para evidenciar la grave simplificación que está llevando a cabo el Gobierno al explicar el asesinato de líderes sociales, excombatientes de las Farc y el número cada vez más alto de masacres que se vienen presentando en el país. El Gobierno pareciera tener las respuestas pregrabadas, sin si quiera escuchar las preguntas: “Los asesinatos son producto del narcotráfico”. Sin duda, el narcotráfico ha sido un elemento central en las últimas décadas en el país y han sido devastadores sus impactos económicos, sociales, culturales y en vidas humanas, pero reducir todos los conflictos al narcotráfico es una peligrosa simplificación de la realidad.

En educación decimos que entender bien un problema es la mitad de la solución. El Gobierno parece no estar entendiendo la explosión de violencias que estamos viviendo en el país. Cada vez que vemos el noticiero, nos informan de una nueva masacre y del asesinato de un número creciente de los firmantes de la paz o de líderes sociales y ambientales. Una situación que genera profunda desesperanza en la población, desasosiego y tristeza infinita por nuestra impotencia para defender la vida. Un rotundo fracaso para el Gobierno y la sociedad.

El Gobierno del presidente Duque ha implementado muy parcialmente los Acuerdos, le ha puesto todas las trabas posibles a la JEP y no ha logrado crear un clima propicio en defensa de la vida, la paz y la convivencia. No ocupó los espacios dejados por los exguerrilleros. En ese contexto, los grupos ilegales sintieron que podían expandir su dominio y seguir con las actividades ilícitas relacionadas con la minería, la expropiación de tierras y el narcotráfico. Estamos ante la explosión de múltiples tipos de violencia.

Es por lo anterior que hemos visto desplazamientos forzados en Antioquia y Norte de Santander, incursiones paramilitares en Tibú y la zona rural de Cúcuta y acciones de las disidencias de las Farc en el Cauca y Putumayo. Llevamos semanas en las que las bandas delincuenciales parecieran ser quienes gobiernan en Buenaventura. También ha sido visible la tensión entre erradicadores manuales enfrentados a quienes controlan la producción de coca en las regiones y a un Gobierno obsesionado con iniciar la fumigación área para complacer intereses externos. El asesinato de líderes ambientales y el de excombatientes de las Farc evidencian el control que ejercen las diversas actividades ilegales y la incapacidad del Gobierno para proteger la vida en estas regiones.

Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, habla con toda razón de una “macrocriminalidad” que equivocadamente se pretende combatir como si el problema lo crearan criminales menores que actúan independientemente en las regiones. Enero de 2021 ha sido el mes más violento desde la firma de la paz, ¿será responsabilidad exclusiva del narcotráfico? Todos fuimos testigos de que los indicadores de criminalidad bajaron significativamente durante el proceso de paz y que han reaparecido con mucha más fuerza, justo ahora que se tiende a abandonar el camino recorrido.

La minería ilegal viene creciendo desde hace algunas décadas. Tenemos pocas posibilidades reales de iniciar un verdadero proceso de paz con el Eln, de manera que se ponga fin a su irracional política de regar con petróleo los peces y los ríos. Por un lado, porque ellos siguen poniéndole bombas a los procesos de paz que aún no han iniciado; y por otro, porque no hay ninguna voluntad del Gobierno para avanzar en la reconciliación. Así mismo, la larga y cruenta guerra que hemos vivido por décadas condujo al país a una reforma agraria, pero al revés: los pequeños campesinos abandonaron las tierras que fueron acaparadas por terratenientes. Hoy en día somos el quinto país del mundo con mayor concentración de la tierra. El frustrado intento por recuperar las tierras que les arrebataron también está detrás de las nuevas violencias. Reducir todos estos conflictos al narcotráfico solo refleja una lectura muy pobre de la compleja realidad que estamos viviendo.

En diversos artículos he insistido en el bajo nivel de comprensión lectora de los colombianos. Hoy he querido analizar el serio problema de lectura que está teniendo el Gobierno sobre la nueva realidad social. No es cierto que el narcotráfico pueda explicar el auge de las masacres, el asesinato de líderes ambientales y sociales y el creciente exterminio de quienes entregaron sus armas y firmaron la paz. El tráfico de drogas explica tan solo una pequeña parte de los casos. Le está faltando lectura profunda y contextual al Gobierno, pero muy especialmente carece de la lectura crítica que requiere la nueva coyuntura hacia la que estamos marchando. De hecho, la lectura crítica implica multiperspectivismo, distanciamiento, análisis crítico, capacidad para detectar incoherencias, alta contextualización y convivencia con la ambigüedad. En contraposición, el Gobierno nos ofrece una explicación simplista y unívoca de la eclosión de múltiples formas de violencia que hoy azotan al país. La lectura que hace el Gobierno no cumple con ninguna de estas características.

Las miradas reduccionistas conducen a medidas, igualmente, reduccionistas y, por tanto, ineficaces: militarización y recompensas. Pero la vida y la paz continúan en grave riesgo. Desde los Acuerdos con las Farc ya van más de 1.000 líderes sociales a quienes les silenciaron la voz de sus comunidades y 246 firmantes de la paz asesinados (Indepaz, 2020). Las amenazas, muertes y múltiples formas de violencia no paran. Marchamos hacia una nueva espiral de violencia en la cual tan solo unos muy pocos políticos y muy pocos empresarios saldrán beneficiados. Y todos sabemos que los muertos siempre los ponen los campesinos y que también ellos pierden las tierras que se expropiarán en las guerras venideras y que son sus hijos y sus viudas quienes vivirán con terror y angustia. Los demás perdemos la esperanza y la nación pierde el desarrollo sostenido.

Retomar la senda y construir un consenso en defensa de la vida, la convivencia, la paz y el Estado de derecho no es tarea fácil, pero es muy necesario y, como decía el exministro de educación Jaime Niño Díez (QEPD), “si es necesario, tiene que ser posible”.

Las historias únicas conducen a soluciones ineficaces. Es muy posible que sirvan a intereses electorales, porque ayudan a promover el odio y el miedo, dos elementos esenciales en las recientes campañas políticas en Colombia. Lo que todos tenemos que saber es que estas emociones primarias no sirven para construir la confianza, la esperanza, el tejido social y la verdad. Y eso es lo que necesitamos en Colombia para salir del despeñadero ético y social hacia el cual estamos marchando y al que llegaremos pronto, en caso de que no logremos un acuerdo nacional en defensa de la vida, la democracia y la paz. Ojalá no sea demasiado tarde.

* Director del Instituto Alberto Merani (@juliandezubiria)

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