El Gobierno y la minga

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Hay conflictos que son difíciles de resolver porque enfrentan intereses irreconciliables, como cuando alguien no soporta el ruido y tiene de vecino a un trompetista que ensaya día y noche. Hay, de otra parte, conflictos que no dependen tanto de intereses antagónicos, sino de la mala disposición de una de las partes, como cuando uno tiene un vecino cascarrabias que protesta por el más mínimo ruido que oye detrás de sus paredes. ¿A cuál de estos dos conflictos se parece el actual desencuentro entre el Gobierno y la minga indígena? Tengo la impresión de que al segundo y voy a tratar de explicar por qué.

Tal vez el mayor fracaso del Estado colombiano ha sido su incapacidad para llevar la Constitución y la ley, con todo lo que ello implica, a lo largo y ancho del territorio nacional. En una investigación que hicimos en Dejusticia hace un par de años, mostramos que más de la mitad de la geografía nacional carece de un Estado capaz de proteger los derechos de la gente que allí vive, empezando por su derecho elemental a la vida. Una de esas regiones es la que va del Guaviare al Pacífico, pasando por el sur del Huila, Cauca y Nariño. Por ese corredor transita una buena parte de la droga que se produce en el país. Allí hacen presencia todos los actores armados, desde las guerrillas hasta los paramilitares, pasando por sus múltiples combinaciones mafiosas y delincuenciales, lo cual dispara todos los índices de violencia. En Corinto, por ejemplo, al norte del Cauca, con tan solo 33.000 habitantes, se registraron 51 homicidios en 2019, lo cual lo convierte en el quinto municipio más violento del país. La violencia se ha agravado con la desmovilización de las Farc y con la incapacidad del Estado para copar los territorios que antes controlaba esa guerrilla.

 

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