El gran dilema de los alternativos: cómo sobrevivir a la agresión

Noticias destacadas de Opinión

La comunidad internacional ya ha tomado atenta nota: Colombia va de nuevo por el despeñadero de un estado fallido. El último informe de Human Rights Watch es devastador. Desde 2016, año de la firma de los acuerdos de paz con las desaparecidas Farc, en ese país ha habido el mayor número de asesinatos de defensores de derechos humanos en América Latina.

Son más de 400 las vidas segadas en zonas donde la presencia del estado es precaria. Porque esa es una de las grandes conclusiones: hay toda clase de agencias, mecanismos, e instituciones encargadas de proteger, evitar e incluso prevenir las agresiones contra esos líderes sociales. Pero ninguna de ellas cumple su función a cabalidad; se queda a medio camino entre la desidia, la actuación tardía o simplemente la impunidad.

Dice el informe: “El gobierno ha desplegado tropas a muchas zonas del país, pero no ha fortalecido al mismo tiempo el sistema de justicia ni ha asegurado un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y a servicios públicos”. Lo más doloroso de este párrafo es que se repite a lo largo de todos los informes que ha publicado HRW sobre Colombia.

Entiendo que estos reportes tratan de reconocer algunos esfuerzos y avances por parte del estado, y dan consejos para que el gobierno tome medidas efectivas contra el crimen sistemático de activistas y líderes sociales. Sin embargo, las preguntas de fondo quedan sin responder: ¿Por qué hay “una implementación lenta de los planes de protección colectiva para comunidades y organizaciones en riesgo”? ¿Por qué el gobierno del presidente Duque no convoca periódicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad? ¿Por qué no se ha puesto en funcionamiento el cuerpo especial de jueces para juzgar casos de asesinatos de defensores de derechos humanos? ¿Por qué las autoridades nacionales, departamentales y municipales no responden a las alertas tempranas sobre posibles ataques contra ciertas comunidades vulnerables? ¿Por qué ha habido lentitud en la implementación de los acuerdos de paz, sobre todo los relacionados con una reforma rural integral y una nueva política sobre drogas?

¿Por qué siguen los asesinatos selectivos y las masacres? Decía en una entrevista José Miguel Vivanco -director ejecutivo para las Américas de HRW - que los funcionarios del gobierno de Duque se centran en una sola variable del problema: el narcotráfico. Es muy cómodo, por supuesto. Desde que irrumpieron en la sangrienta escena nacional los poderosos carteles de la droga, los diferentes gobiernos han tratado de lavarse las manos por su ineptitud, desgano, o franca complicidad con los crímenes, con el argumento de que éstos se deben a la maléfica acción de los capos y sus ejércitos “contra los cuales el estado colombiano está combatiendo sin descanso”, suele ser la frase de rigor.

El informe de HRW reconoce que ha habido avances en la captura y judicialización de los autores materiales de los asesinatos, pero los instigadores y financiadores están aún en la sombra. ¿Por qué?

La respuesta es simple, aterradora y se repite de gobierno en gobierno: falta de voluntad política para desmontar esa inmensa máquina de violencia e impunidad. No quieren, no se les da la gana. No les conviene. Las investigaciones de HRW son las imágenes, el producto final de cómo ese mecanismo de exterminio ha servido, a lo largo de seis décadas, para mantener y reproducir el poder de unas castas nacionales y locales.

A veces, por la acción valerosa de personas como la periodista Diana López Zuleta, y las decisiones acertadas de tribunales ante acusaciones precisas e imbatibles de fiscales probos, se logra desenmascarar, llevar a la justicia y condenar a los autores intelectuales de cientos de crímenes. Pero quedan muchos, demasiados, kikosgomez sueltos a lo largo y ancho de la geografía nacional. Son esos encumbrados líderes regionales, aliados con los paramilitares y el narcotráfico, y militantes de movimientos y partidos legales con representación en cámara, senado, asambleas o concejos, que a plomo limpio destruyen individuos y comunidades que puedan atentar contra sus intereses venales. Juan Francisco Gómez Cerchar, el asesino de Luis López Peralta (el padre de Diana) es el epítome de esa doble faz de líder político, caudillo, y en la oscuridad de la inoperancia de fiscales, jueces y autoridades de policía, autor intelectual de múltiples asesinatos.

Son esos caudillos regionales, que combinan votos y bala bajo una casi total impunidad, los que habrá que derrotar. Pero no juegan limpio, sus reglas están determinadas por el ejercicio de su poder territorial.

En semejante ambiente de tensión absoluta, y en medio de las reacciones por las cifras y el análisis aportados por HRW, salió a la luz el llamado Pacto Histórico, una propuesta que nace de diferentes organizaciones alternativas con el propósito de que haya listas unitarias para el congreso en 2022. Al mismo tiempo, la Coalición de la Esperanza (conformado por un sector de los verdes, Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, Angela María Robledo y otros dirigentes) anunció que se va por su lado, escogerá a su candidato único en una primaria que competirá con las fuerzas lideradas por Gustavo Petro, en la primera vuelta, para ver al final quién enfrenta al uribismo, ese sí unido y con una claridad meridiana sobre cuáles son sus intereses y objetivos.

De pronto esa división de las fuerzas alternativas les puede abrir el espacio a los varones de la guerra para ganar sin necesidad de ir a una segunda vuelta.

La idea de los movimientos alternativos (en la unidad o en la división) es derrotar, en el plano regional y nacional, a todos esos poderes que han impedido la consolidación de la paz y, a la vez, de un movimiento distinto al uribismo, un techo bajo el que hoy se anidan el autoritarismo, la violencia y la corrupción en sus diversas modalidades. ¿Con qué garantías todas estas fuerzas progresistas harán proselitismo político en un territorio sembrado de movimientos armados de distintas nomenclaturas, aliados con poderes locales, terratenientes y políticos de vieja data que pelearán hasta la última bala y el último voto comprado para mantenerse en el poder?

Mientras no haya una acción decidida del estado contra los agresores, asesinos y sus patrocinadores, no hay garantías para el libre ejercicio de la tarea electoral. No habrá un voto limpio y transparente. Por eso es importante la respuesta positiva del expresidente Santos a la propuesta de Rodrigo Londoño, líder del movimiento Comunes y excomandante de las Farc, de reunirse con el presidente Duque para darle un segundo aire al proceso de paz.

El Departamento de Estado, las Naciones Unidas y su consejo de seguridad, la Unión Europea, la comunidad internacional, tienen los ojos puestos en la manera como el gobierno de Colombia dé garantías ciertas para el juego político dentro de una supuesta democracia. Por el momento, nada invita al optimismo, siguen los ataques sangrientos contra líderes cívicos, indígenas y campesinos, y contra comunidades enteras, como en Buenaventura.

Desde hace cuarenta años Colombia recibe reportes dramáticos de organizaciones como HRW o Amnistía Internacional. La ignominia continúa; ha habido, al mismo tiempo, un crecimiento exponencial de organismos y entidades gubernamentales que buscan detener el desangre, y una ampliación sin límite de la impunidad. Al final, esos inventos de los gobiernos para en apariencia luchar contra los autores y las estructuras de la guerra sucia, resultan ser agencias de papel creadas apenas para contener la presión internacional o para disminuir un poco las tensiones internas.

Ahí está el gran desafío de las fuerzas que buscan un cambio importante en Colombia: sobrevivir a esa siniestra acción del plomo en medio de una ausencia total de Estado.

Comparte en redes: