El hackeador hackeado

Si uno quisiera saber el máximo de información de otra persona, lo ideal sería meterse en su cuerpo. Pero como esto es imposible, queda la opción de meterse en su computador o en su teléfono y ver sus emails, sus chats, su historial de Google, prender su cámara y filmar lo que pasa en los alrededores, prender su micrófono y oírlo todo… casi que volverse esa persona desde la distancia.

Esta tecnología la vende la empresa Hacking Team a varios gobiernos, incluido Colombia, como lo revelaron las filtraciones que divulgara el lunes en twitter un hácker anónimo.

La tecnología se llama Da Vinci y, por supuesto, es una de la formas más invasivas de hacer espionaje. Según la información revelada, el Gobierno colombiano, a través de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, parece ser uno de los compradores estrella, ya que aparecen pagos atribuidos a Puma, la plataforma de vigilancia de las comunicaciones que ya había sido cuestionada en el 2013 .La información filtrada evidencia problemas de orden político, jurídico y ético tanto para Colombia como para Hacking Team.

Primero, cuando los medios informaron sobre Puma, la propia Policía salió a decir que no tenía fines de inteligencia, que era una estrategia para enfrentar a la delincuencia común, bajo supervisión de la Fiscalía. Estas aseveraciones se prestaron para un sainete en el que el fiscal Montealegre evidenció la incompatibilidad con la plataforma para interceptaciones Esperanza y dijo con buen tino que Puma se prestaba para abusos, que no era necesaria y que aumentaba la intranquilidad de las personas.

Pero de la información hackeada se deduce que la Policía sí piensa emplear Puma para fines de inteligencia y nosotros no sólo hemos sido engañados sino que además cada vez gozamos de menos garantías. Y este es el segundo problema. No basta con todo el historial de chuzadas del DAS, ni los escándalos de háckers y andrómedas sino que los organismos de inteligencia ahora adquieren software malicioso y aumentan el riesgo de violaciones y abusos. Incluso se pregunta uno si la compra o uso de este equipo sin las adecuadas autorizaciones, como ha sido en el pasado, y como se desprende de las incoherencias anunciadas en los medios, no puede considerarse un tipo de delito informático que además se agrava cuando es cometido por funcionarios públicos.

El tercer problema es la falta de transparencia y ética de Hacking Team por vender a países que luego chuzan a periodistas y opositores, lo que ya había sido detectado por dos informes de la Universidad de Toronto. En la información filtrada, Sudán, que tiene embargo de armamentos y está investigado por Naciones Unidas, aparece como cliente secreto de Hacking Team.

Finalmente, vale la pena resaltar la evidente paradoja de la vulnerabilidad de Hacking Team que se publicita como la solución para obtener información sin dejar rastro y no ha sido capaz de evitar que el equivalente a 50 DVD de información filtrada deje al desnudo sus facturas, comunicaciones y códigos fuente.

A estas alturas, en cualquier Estado democrático, tanto la Fiscalía como la Comisión Legal de Inteligencia habrían tomado cartas en el asunto para exigirle a la Policía que rinda cuentas y presente por lo menos un informe detallado del alcance de sus compras pasadas, presentes y futuras a Hacking Team.

* Subdirectora de Dejusticia (www.dejusticia.org)