El impuesto al almacenamiento de capital en tierras

Algunos años antes de su muerte, le pedí a don Hernán Echavarría Olózaga una página en la que expresara su opinión sobre el impuesto a la tierra y en la siguiente visita me entregó la que hoy publico, como contribución póstuma suya al debate que se debe dar al hacer el nuevo catastro multipropósito con el que se empieza a implementar la reforma rural del Acuerdo de Paz. En una magistral síntesis, dice don Hernán:

“Consideraciones

A) El impuesto catastral municipal es el impuesto que paga la tierra en todas partes del mundo. En todas partes las tierras municipales pagan los gastos de educación e higiene, solamente en países subdesarrollados como el nuestro estos servicios están a cargo de la nación. En donde hay buena organización territorial ellos están a cargo de los habitantes del municipio.

B) El impuesto predial nacional tiene por objeto captar recursos para que la nación pueda llevar a cabo un programa de repartición de tierras a las familias, no a los individuos, que no tengan tierra. Este gravamen a la tierra rural hace además costoso mantener tierra improductiva y por lo tanto aumentará la oferta de tierras, bajando su precio.

C) Lo que se dice comúnmente que hay que gravar la tierra improductiva es un error, porque no hay cómo determinar si la tierra está “económicamente” productiva. Nos tenemos que preguntar: ¿es una vaca por hectárea en la Sabana de Bogotá una explotación “económica”? Toda la tierra debe cargar con impuestos o, de lo contrario, sucede como ahora que todos estamos invirtiendo en tierras en busca de valorización, y como todos lo hacemos, ricos y pobres, nadie se ocupa de las manufacturas, y la tierra, debido al crecimiento de la población, tiene la valorización garantizada. (Menos en la coyuntura actual, por razones monetarias muy especiales y debido a la violencia rampante).

D) Hoy día la valorización obtenida en la venta de un predio tiene un impuesto a la ganancia, como cualquier otra renta. Sin embargo, debido a falta de reglamentaciones adecuadas, este impuesto no se paga. Es preciso, entonces, cambiar la reglamentación”.

Ahora, cuando se van a actualizar los valores de la tierra con el catastro multipropósito, es la oportunidad para corregir esa enorme injusticia estructural que favorece el parasitismo de las élites territoriales, con el establecimiento de un impuesto predial nacional, como reclamaba don Hernán Echavarría Olózaga, que se destine a financiar la reforma rural que corrija las causas estructurales de la violencia.

Alberto Carrasquilla, actual ministro de Hacienda, escribió un artículo titulado “Reforma en tierras”, publicado en El Espectador el 19 de septiembre de 2010, en el que dijo: “A finales del siglo XIX, Henry George publicó su libro Progreso y miseria, en el que esboza una propuesta sencilla analizada innumerables veces desde aquel entonces: imponerle un tributo del 100 % a las ganancias asociadas con la propiedad de la tierra. La lógica es muy clara: el valor de la propiedad se deriva de la utilidad que, indirectamente, le provee a la población. Cuando se provee un bien público, en un determinado monto, el precio de la tierra afectada sube. Cabe pensar, entonces, que tiene sentido pagar la provisión del bien público con un impuesto de este tipo. Diversos autores han mostrado que, en efecto, el atrevido impuesto ideado por George es óptimo económicamente en toda clase de contextos”.

Con argumentos tan sólidos, el país está en mora de establecer, por primera vez, el impuesto nacional a la tierra, como cualquier otro activo productivo, para que deje de ser la alcancía de almacenamiento gratuito de capital ocioso y parasitario, y se pueda crear un mercado de tierras moderno y funcional.