Por: Salomón Kalmanovitz

El impuesto a la tierra

FUE UNA SORPRESA QUE EL PRESIdente Uribe aceptara considerar un impuesto a las tierras ociosas propuesto esta semana por Francisco Santos.

Como se precipitara a decir el Ministro de Agricultura, la política del Gobierno no era la de elevar impuestos, y podríamos complementarlo, es de reducirlos. Pero el tema de la tierra acusa enormes problemas de concentración, mal uso del recurso y derechos de propiedad ambiguos que el presidente alcanza a comprender.

Las estadísticas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) señalan un aumento enorme en la concentración de la tierra en el país entre 1984 y 2000. La gran propiedad (mayor de 200 has.) pasó de representar el 47% de la superficie agropecuaria del país al 68%. Las propiedades mayores de 2.000 has. controlan 39 millones de has., el 53% del total. La pequeña y mediana propiedad, entre tanto, pasaba del 53% de la superficie agropecuaria en 1984 al 31% en 2000. Es de destacar que las mayores depredaciones de vidas y de pro piedad que hicieron paramilitares y guerrilla tuvieron su cenit en 2002, haciendo que el proceso de concentración se agudizara al día de hoy.

El mismo IGAC ha hecho estimaciones del uso potencial y efectivo de esta superficie agropecuaria y sus conclusiones son abismales: las tierras con vocación de cultivo cubren el 19% de la superficie agropecuaria y de bosques, pero sólo el 4% tiene ese uso efectivo; el 13% de la superficie es de vocación ganadera, pero se utiliza el 36% de ella para pastorear el ganado, o sea, que tierras de mejor vocación son explotadas extensiva e improductivamente, tal como le pareció contraproducente al presidente Uribe.

En el tema de derechos de propiedad, la situación es también confusa e impide que grandes capitales sean invertidos en el agro respetando la ley. El problema mayor reside en la proliferación del testaferrato por los señores de la guerra, ‘paras’ y las Farc, que introduce un manto de duda en todas las transacciones inmuebles rurales en el país y paraliza muchas de las operaciones de los buenos ciudadanos.

Para agravar el problema, las leyes de protección a la pequeña propiedad aprobadas en 1994, y que impusieron límites a nuevas adquisiciones por cierto número de UAFS o unidades de explotación familiar, son transgredidas impunemente por empresarios violentos o terratenientes tradicionales. Tales leyes, sin embargo, deben ser respetadas por inversionistas nacionales y extranjeros que no van a exponer grandes capitales al riesgo de testaferros de mala clase, lo cual vuelve a probar que las medidas mejor intencionadas tienen unas consecuencias no pensadas y contrarias a la filosofía de sus gestores. Por esta razón, varios grandes proyectos productivos en palma, caucho y cacao han sido abortados, mientras el ministro de Agricultura mira para otro lado.

Así las cosas, un aumento del impuesto predial a nivel rural y nacional, en el que se aumente la tarifa en proporción al tamaño del predio, acompañado de una actualización del valor catastral de todas las propiedades, introducirían unos incentivos óptimos para mejorar el uso de la tierra. Se  reduciría también el precio y la renta del suelo y, con ello, podría aumentar la producción de alimentos y materias primas, abaratando el costo de vida y de producción. Se fortalecerían los fiscos de todos los municipios del país que podrían destinar recursos a su progreso económico y social, y complementar, si se requiere, el gasto en seguridad local. Falta ver si el Gobierno y los finqueros aceptan el sacrificio.

 

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