Por: Salomón Kalmanovitz

El índice de pobreza multidimensional (IPM)

El nuevo índice de pobreza que dio a conocer Planeación Nacional la semana pasada fue recibido con una salva de desconfianza y críticas sobre sus resultados, sin entender bien de qué se trataba.

Hay varios indicadores de pobreza, incluyendo uno internacional que define pobreza si la persona gana menos de dos dólares diarios ($3.650 o unos $80.300 mensuales) e indigente si gana menos de un dólar diario. Que yo sepa, nadie en el país se indignó nunca con este indicador.

Otro índice utilizado por los censos de población está basado en las necesidades básicas insatisfechas (calidad de la vivienda, servicios domiciliarios y asistencia escolar) e informa que una familia que tenga una de éstas se clasifica como pobre y si no atiende a dos es indigente. En 1973, 70% de los hogares en Colombia registraban una necesidad sin satisfacer, pero en 2005 se habían reducido a 27,7%. La indigencia había pasado de 45% a 10,6% en el mismo lapso. Tampoco recuerdo que nadie denunciara al DANE por pintar un retrato falso de la situación social colombiana.

Las razones para el mejoramiento de los indicadores sociales en Colombia en el siglo XX fueron el propio progreso económico y el aumento del gasto social. El primero abarató y mejoró la nutrición, al igual que la medicina que atacó las enfermedades endémicas e infecciosas con vacunas y antibióticos, los niños dejaron de trabajar y las mujeres planificaron el número de hijos que querían tener. A partir del Frente Nacional, el presupuesto de la educación pública aumentó sistemáticamente hasta alcanzar cobertura universal de primaria en el año 2000. La cobertura en salud mejoró a partir de 1993, sobre todo con el régimen subsidiado, mientras que otros programas sociales mejoraron la calidad de vida de parte de los colombianos pobres. La mejora en las condiciones de vida de la población contribuyó a que la estatura promedio aumentara 7 centímetros durante el siglo pasado, según un estudio que publicara Meisel en 2009.

El nuevo índice mide el entorno de una familia que incluye la educación de los hijos, su calidad y extensión, trabajo infantil, desempleo e informalidad, acceso al aseguramiento de la salud y condiciones de vivienda (agua potable, calidad de los materiales y del piso, eliminación de excretas y hacinamiento). Este seguimiento permite afinar los alcances de las políticas sociales, porque revela en qué municipios y barrios los servicios sociales son más o menos deficientes.

El IPM cuenta también los ingresos que reciben las familias y se siguen produciendo los indicadores basados en los consumos sobre una canasta familiar definida en las encuestas de hogares, los cuales muestran progresos rápidos durante los auges económicos y retrocesos en las crisis.

Si cinco personas en la familia trabajan y cada una gana un ingreso bajo, lo que se combina con coberturas educativas universales, atención de la salud en la mayoría de los hogares y mejora en las condiciones de vivienda, pues se reduce la pobreza en que viven. Es conocido que los desempleados y los que están en la informalidad aplican su tiempo sobrante en mejorar paulatinamente sus casas.

Según el IPM, en el campo 53% de la población vive en pobreza y en las ciudades 24%, lo que sigue siendo abrumador. No hay por qué desechar entonces una valiosa herramienta de análisis porque informa, al igual que todos los otros índices, que la pobreza y la indigencia se redujeron.

 

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