El ingreso básico universal

Yo sigo tratando de vislumbrar algo positivo en esta pandemia recesiva que tiene a tanta gente no solo confinada, sino deprimida. Piénsese en la Gran Depresión de la que surgió el New Deal, la única política de bienestar más o menos perdurable que ha habido en un país tan fanático del capitalismo despiadado como Estados Unidos. El New Deal que tal vez salga de la actual crisis sería el ingreso básico universal (IBU), modulado según los países.

Obviamente que algo así no puede nacer como Minerva, hecha y derecha, de la cabeza de Zeus. Debe ser un proceso paulatino y ojalá creciente, en monto y amplitud. Parece haber un consenso en que una forma de evitar la corrupción, el favoritismo y la politiquería es que el IBU sea universal, es decir, que no esté focalizado. Cualquier persona, por el hecho de ser ciudadano, debe tener derecho al mismo monto, sea un infante de seis meses o un viejo de 90 años. Se pagaría todos los meses y no habría acumulación de lo no recibido. Si un mes uno no cobra, no le deben nada, solo el giro siguiente.

Tomemos la pobreza extrema como referencia, el ingreso per cápita de dos dólares al día, que a la tasa de comienzos de este año en Colombia serían $7.000. Según eso, el IBU de cada ciudadano le costaría $2’560.000 al año al Estado colombiano o $215.000/mes. Aunque para un pobre extremo este monto sería de vida o muerte, a un pobre no extremo también le ayudaría a llegar a final de mes.

Imposible saber de antemano cuántas personas cobrarían el IBU. Cabe esperar que no sería la totalidad de la población, así uno tenga derecho a él. Habría que hacer campañas para que nadie lo cobre sin necesidad. Si 20 millones de personas se acogen al programa, este costaría $51 billones al año o 5 % del PIB; si son 30 millones, sería 7,5 % del PIB, sumas muy altas pero no impagables para el país, en el entendido de que tendría que aumentar el ingreso tributario en al menos esos montos. Algo por el estilo implicaría la eliminación de muchos subsidios focalizados y parciales, aunque no tocaría los costos de educación y salud. Una reforma laboral paralela, que vire en el sentido de la flexiseguridad, seguiría siendo necesaria.

En estas materias hay dos enfoques, que bien vistos no se contradicen tanto. El primero es el moral, según el cual es justo ayudar para que nadie sufra de pobreza extrema. Este enfoque, con ser cierto, resulta impráctico. El otro es ver el tema como un problema económico, con pros y contras, costos y beneficios. Muchos estudios han argumentado que la desigualdad y la pobreza son frenos para una economía, sobre todo cuando exceden una determinada cota, muy por encima de la cual está Colombia. Dicho de otro modo, el IBU crearía una demanda adicional para negocios grandes y pequeños, es decir que traería un dinamismo económico muy favorable.

Cabe esperar, por último, que algo así reduzca la polarización política y les quite argumentos a quienes fantasean con incendiar edificios públicos. Tengo claro que existe un proyecto paralelo conocido como el de los 53 senadores. Ese proyecto implica una ampliación de los programas vigentes, con el defecto de pretender enfocar los recursos según una dudosa sabiduría burocrática. Equipara hogares, sin tomar en cuenta que los hay de dos personas y de diez. Remitámoslos a la literatura que circula sobre el IBU puro y duro, según la cual este esquema es mejor y termina costando menos.

andreshoyos@elmalpensante.com