El inútil Estado, ¿de derecho?

La semana pasada se conoció una sentencia del Consejo de Estado que resolvió una demanda de nulidad presentada en 2005 contra un Acuerdo que expidió la Comisión Nacional de Televisión ese mismo año. Casi catorce años esperando una decisión de fondo. A pesar de que no era un asunto de extrema complejidad, el expediente estuvo más de diez años en el despacho para sentencia sin ningún movimiento.

El demandante en ese proceso era una asociación de operadores que ya no existe, la entidad demandada desapareció y el acto demandado fue sustituido por otra norma hace muchos años.

Sin importar a quién le da la razón esa sentencia, ni cuestionar su seriedad y fundamento, ya han pasado muchos años y, después de tanto tiempo, la relevancia de esa decisión es casi nula.

A pesar del esfuerzo de sus magistrados, jueces y funcionarios, la morosidad de nuestra justicia contencioso-administrativa es aterradora.

Por lo general, el proceso de control de constitucionalidad de una ley en la Corte Constitucional tarda menos de dos años. En contraste, una acción de nulidad en el Consejo de Estado suele demorarse 10, 15 o más años. Eso no significa necesariamente que la jurisdicción contencioso-administrativa sea ineficiente. Es más bien evidencia de su colapso. Esa realidad es preocupante no solo para los sujetos regulados sino para la sociedad en general que, en muchos casos, no encuentra en el control jurisdiccional la protección oportuna frente a los actos de la administración pública.

En los años 90 se pusieron de moda en Colombia las comisiones de regulación como autoridades administrativas independientes con amplísimos poderes en sectores estratégicos de la economía. Bajo el manto de su especialidad y calidad técnica, esas autoridades están investidas de facultades que muchas veces sustituyen la función del legislador.

Ahora que está a punto de aprobarse la ley de TIC, nacerá el tal regulador convergente. No solo es preocupante que cinco personas tengan tanto poder y que puedan sustituir en la práctica a casi 170 representantes a la Cámara y a 108 senadores. Lo más grave es que el control jurisdiccional de los actos administrativos que expidan tardará diez años o más.

@jcgomez_j