Por: Luis Felipe Henao

El karma de las víctimas en Colombia

Colombia es uno de los países más complejos para las víctimas, por la sistematicidad de la violencia y cundo el autor es la criminalidad organizada se llega a situaciones demenciales que hacen que, por ejemplo, un secuestro se transforme en tortura, trata de personas y esclavitud sexual. El sufrimiento además no concluye con la ejecución del crimen, pues frecuentemente la persona es desplazada por amenazas y por el temor de perder su vida.

Ante semejante panorama colocar una denuncia por un hecho violento se ha convertido en un acto de valentía, pues las víctimas frecuentemente quedan expuestas a las retaliaciones del autor. Cuando inicia la investigación el panorama no es mejor, pues la congestión judicial hace que salvo eventos de flagrancia las víctimas tengan que esperar dos o tres años para una mera imputación ante un juez, periodo en el que se revictimizan continuamente, pues la falta de capacidad investigativa hace que su testimonio se vuelva el centro del proceso (especialmente en casos de violencia sexual) y por ello deben acudir frecuentemente a extenuantes interrogatorios.

El juicio es otro karma, pues nuevamente se les cita para que digan lo que ya han contado en decenas de ocasiones, pero esta vez además con el victimario mirándolas a los ojos. En los pocos casos que se obtiene una sentencia condenatoria se debe esperar a que esté ejecutoriada para poder iniciar otro proceso (llamado incidente de reparación integral) para reclamar una indemnización. Lo que implica esto en palabras sencillas es que luego de esperar cinco años a que se condene al delincuente la víctima debe esperar por lo menos otros tres más para reclamar el daño que le causaron. Para ese momento y luego de ocho años de proceso la mayoría de los delincuentes se ha insolventado o quebrado pagándole a abogados o simplemente ya no tienen nada.

Lo más complejo de esta tragedia kafkiana es que cada vez parece importar menos. Tanto en la justicia ordinaria como en la transicional, la reparación de las víctimas ahora ocupa un lugar secundario frente a la verdad. Siguiendo esa teoría, las recientes leyes y la propia Corte Constitucional le quitaron a la JEP la capacidad de decretar reparaciones individuales y de condenar al Estado, lo cual dejó en el limbo la indemnización de millones de personas que deberán seguir los canales de una reparación administrativa totalmente insuficiente.

Tal vez lo más triste de esta injusta situación es que en los grandes debates sobre el proceso penal y la justicia transicional siempre se menciona a las víctimas para justificar todo tipo de leyes, decisiones y discursos, mientras éstas siguen sufriendo un karma judicial eterno. La semana pasada se expidió la Ley 1959, que pese a haber pasado casi desapercibida ha avanzado en este punto al evitar que en algunos delitos se tengan que repetir los testimonios de las víctimas y se proteja su reserva, pero todavía falta mucho por hacer, especialmente en materia de indemnización, pues la reparación de las víctimas en Colombia se está quedando en los meros discursos.

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