Por: Yesid Reyes Alvarado

El ladrón de chocolatinas

La condena de cinco meses de prisión recientemente impuesta a quien hurtó chocolatinas por un valor cercano a los 15.000 pesos, ha vuelto a generar polémica sobre el funcionamiento de nuestra justicia penal.

En nota editorial, El Espectador dijo que casos como estos evidencian una falla en el sistema procesal, porque solo posibilita preacuerdos con quien pertenece a organizaciones delincuenciales, pero deja sin posibilidad de tener casa por cárcel o principio de oportunidad a quien no reviste mayor peligro para la sociedad. Aun cuando desconozco los detalles del proceso, en teoría alguien acusado por ese delito (hurto de menor cuantía) tiene opciones para no ir a prisión, como cuando en la audiencia de imputación acepta cargos y recibe una reducción punitiva que, siendo hasta del 50 por ciento, puede dejar la pena en 16 meses; cuando estas sanciones inferiores a cuatro años son impuestas a quien carece de antecedentes (o aun teniéndolos demuestra que el castigo resulta innecesario), está previsto que su cumplimiento le pueda ser suspendido por un período de prueba que exige, entre otras cosas, observar buena conducta.

Si nos atenemos a las mismas informaciones de prensa, esta persona tendría más de 40 investigaciones por hechos similares, ocho de las cuales habrían terminado con declaración de responsabilidad. Ese panorama explicaría que un juez haya decidido hacerle efectiva una sanción que por su tamaño normalmente no se cumple; se trataría de una persona a quien esa opción (suspensión de la ejecución de la sentencia) no ha logrado disuadir de su comportamiento desviado, por lo que la administración de justicia ha decidido ser más severa en su octava o novena condena.

Una cosa es que no siempre un delincuente deba ir a prisión (como puntualizó el ministro de Justicia) y otra muy distinta, que los pequeños ladrones nunca deban ser encarcelados. Si se decide que los hurtos de baja cuantía deben tener prevista en la ley una respuesta no privativa de la libertad, debe quedar claro que sus autores tampoco pueden ser detenidos preventivamente y, en puridad de términos, ni siquiera capturados. Quien en esas condiciones fuera sorprendido por la Policía robando cosas de escaso valor en almacenes, o poco dinero a los transeúntes, no podría ser aprehendido sino tan solo citado para que concurra a algún despacho judicial donde con seguridad no lo encarcelarían; pero antes y después de su comparecencia, podría seguir dedicado a sus actividades ilícitas.

No se trata entonces de suprimir definitivamente la prisión, sino de racionalizar su uso, entre otras cosas porque la extendida práctica de incrementarla cada vez que un crimen sobresalta a la comunidad ha llevado a sobredimensionar su duración. Convendría revisar ese aspecto y fijar más la atención en factores como su efectivo cumplimiento; de nada sirve amenazar con penas muy altas, si el potencial infractor de la ley sabe que las probabilidades de ser descubierto son pocas, que los procesos son excesivamente largos y complejos y que en el evento de llegar a ser encontrado responsable tampoco es seguro que tenga que pagar la que se le imponga.

 

 

 

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