Por: Andrés Hoyos

El latifundista virtuoso

Hay que agradecer a James Robinson por plantear un debate sobre la función de la agricultura en la modernización de Colombia.

Algunos quisquillosos se pusieron bravos con el famoso profesor. Sin razón, creo yo, pues él apenas escribió un texto descarnado e hiperpragmático. Al citar a Vicente Castaño no estaba haciendo su apología; leerlo así es caricaturizarlo. Invocó, sí, “las lecciones de la historia”, peligroso concepto, ya que si algo ha demostrado la historia es ser una maestra descuidada a la que le encanta contradecirse.

A veces, cuando se habla del “problema agrario” colombiano, todo se centra en la injusticia histórica en la tenencia de la tierra, que es indiscutible, pero se pierde de vista el fondo: Colombia tiene una agricultura precaria que cubre cinco millones de hectáreas, mientras que, sin tumbar más bosque primario e incluso reforestando a dos manos, podría tener otra de 22 millones. Si esos cinco millones de hectáreas hoy proveen el 11% del PIB, es fácil estimar que hemos dejado enterrado en potreros y barbechos un potencial equivalente al 37% del PIB, el cual en realidad es todavía mayor, ya que alrededor de una agricultura pujante siempre se desarrolla una agroindustria dinámica y crece la economía de servicios.

Es proyectándola sobre este telón de fondo que la supuesta suma cero de la reforma agraria planteada por Robinson se desbarata. ¿Acaso esta Atlántida agrícola sumergida en el pasado carece de futuro? Por supuesto que no. ¿No hay mercado para productos tropicales? Claro que lo hay. Lo que falta es encontrar la mejor manera para poner a producir esa tierra. Robinson propone, por boca de Vicente Castaño, la vía junker que describió Marx, o sea el desarrollo a cargo de los grandes terratenientes. El problema ahí es que ni éstos, ni los mafiosos legalizados ni los exparas tienen la intención de modernizar el campo colombiano. La familia Ochoa, para poner el ejemplo más notorio, es dueña de un millón largo de hectáreas y nadie los conoce como grandes agricultores. No son la excepción.

Tiene razón Robinson en que el origen de un conflicto no necesariamente marca el camino para su salida y que enfocarse tan solo en la distribución de la tierra o en su restitución es enfocarse en el pasado; habría que enfocarse en el desarrollo, es decir, en el futuro. Varias encuestas demuestran que una amplia mayoría de los desplazados por la violencia no quieren volver a su tierra; les bastaría con una indemnización. Por fortuna, existe en la ecuación colombiana un posible latifundista virtuoso: el Estado. Si se diseñan bien los límites de su función agrícola, el Estado es el llamado a dinamizar el desarrollo del campo y a cortar el nudo gordiano que estrangula a Colombia desde hace dos siglos. ¿Comunismo? Por ningún motivo. No se trata de que el Estado se vuelva el gran agricultor, sino el propietario de un gran banco de tierra que restituiría, arrendaría o daría en concesión, según el caso. También podría ser por unos años copropietario, con derecho a veto comercial, de las tierras restituidas en las zonas más problemáticas.

La agricultura pujante y eficiente del futuro no necesitaría sino una fracción de la mano de obra hoy existente en el campo, de suerte que habrá muchos campesinos para participar en el modelo educativo y migratorio que propone Robinson.

En fin, de su propuesta de “rendirse y hacer algo distinto”, acojamos la segunda parte.

 

 

 

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