Por: Yesid Reyes Alvarado

El legado del fiscal Iguarán

CUANDO HACE CASI CUATRO AÑOS asumió el cargo de Fiscal General, Mario Iguarán encontró un nuevo sistema para la investigación y juzgamiento de los delitos.

Su implantación había sido el trabajo más relevante de quien lo antecedió en el cargo, pero la nueva administración tenía no sólo que ponerlo en marcha, sino demostrar que todas las bondades que se predican de un sistema procesal de tendencia acusatoria se traducen en beneficios para la administración de justicia. Como de manera paralela la Fiscalía debía continuar avanzando en las investigaciones regidas por el procedimiento anterior, era imprescindible introducir cambios que permitieran el funcionamiento simultáneo y armónico de los dos sistemas.

En cuanto a los procesos regidos por la antigua ley procesal, es destacable la labor de la Fiscalía en el caso de los desaparecidos en el Palacio de Justicia. También fueron evidentes los esfuerzos por descubrir a quienes pudieron haber planeado la muerte de Galán, por lo que sería injusto atribuirle a esta administración toda la responsabilidad por la prescripción de ese delito. Investigaciones de menor connotación mediática también continuaron avanzando, pero no con la agilidad suficiente para conseguir que se pudiera evacuar un número de denuncias significativamente superior al de las que se recibieron.

Por lo que respecta a las investigaciones adelantadas conforme al nuevo sistema, los resultados obtenidos en procesos como el de Jamundí, la agilidad con la que se juzgan pequeños delitos contra el patrimonio, porte de estupefacientes o de armas, y la forma en que avanzan los juicios contra David Murcia y Valencia Cossio muestran que el llamado proceso acusatorio puede ser una importante herramienta de la Fiscalía en la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, esos logros se ven opacados por el enorme represamiento de denuncias sin tramitar; los fiscales asignados al nuevo sistema tienen ya en pocos años un número de expedientes superior al que habían acumulado en varios lustros de funcionamiento del anterior procedimiento. La poca evolución que ha tenido la Fiscalía en el aspecto administrativo no permite ser muy optimistas en cuanto a su futuro, pues es evidente que un fiscal no puede ocuparse responsablemente de 600 u 800 casos con la ayuda de un solitario investigador encargado de recolectar el material probatorio indispensable para formular una acusación.

Si bien es verdad que la Fiscalía puede mostrar cuadros estadísticos en los que se evidencia una gran efectividad al comparar el número de investigaciones abiertas con el de sentencias, los resultados son desalentadores cuando la comparación se hace entre las denuncias formuladas, el número de investigaciones abiertas con base en ellas y la cantidad de sentencias que a partir de allí se han proferido.

Al fin de su gestión, los éxitos de Mario Iguarán arrojan luz sobre la forma en que debería operar la Fiscalía; pero, a su vez, los aspectos negativos de su administración permiten ver las principales falencias del sistema acusatorio y deberían servir para que el nuevo Fiscal encauce a esa poderosa institución del Estado por el sendero correcto.

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