Por: Salomón Kalmanovitz

El legado macroeconómico del presidente Uribe

¿SÍ VALE LA PENA QUE LAS POLÍTICAS que se condensan en la confianza inversionista produzcan peligrosos desequilibrios macroeconómicos?

Hablo del aumento acelerado de la deuda pública del gobierno central y, en especial, de su componente externo, que de no encontrar correctivos a tiempo puede conducir a la insolvencia del país.

Es que no tiene sentido económico ofrecer deducciones impositivas del 30% sobre la importación de bienes de capital que ya vienen abaratados por la enorme revaluación del peso. Por lo demás, se vuelve más rentable poner a producir una máquina que contratar a un trabajador, cuando el desempleo alcanza el 12,3% de la fuerza de trabajo en las ciudades del país.

Menos sensato es ofrecer descargas a las empresas, que se decretan a dedo como zonas francas, cuando existe un déficit estructural del gobierno central de más de 4 puntos del PIB. Insisto en una vieja máxima paisa: uno no regala lo que no tiene.

Ese tipo de gabelas injustificadas y discriminatorias valen 8 billones de pesos al año y lo que se regala por un lado debe ser financiado por el otro. Se trata además de incentivos innecesarios, pues las inversiones se hubieran producido de todas maneras en época de prosperidad y en recesión no se están dando.

Para rematar, las malas políticas se tornan en permanentes, en la medida en que el gobierno firma contratos de estabilidad jurídica que perpetúan los desequilibrios tributarios durante 20 años. ¿Cómo es posible que un gobierno se arrogue decisiones que comprometen a las próximas cinco administraciones que va a tener el país? ¿Cuántas generaciones del electorado le entregaron esa enorme potestad de desequilibrar crónicamente las finanzas públicas?

La semana pasada se conoció que la deuda externa del gobierno se había ampliado aceleradamente. Mientras el sector privado redujo el monto de sus acreencias externas en 3 por ciento, las obligaciones del sector público crecieron 27,37 por ciento en un año, llegando a 36.766 millones de dólares. Eso en plata blanca significa que se contrató nueva deuda equivalente a US$10.083 millones.

Las malas decisiones económicas que ha tomado el gobierno tienen segundas consecuencias. Es obvio que el gobierno ejecuta la mayor parte de su gasto en pesos y para eso vende los dólares que le han prestado en el mercado cambiario. La segunda consecuencia es, por lo tanto, que la deuda externa revalúa el peso más aún. Entramos entonces en un círculo vicioso: los bienes de capital se abaratan más, el sector exportador ve reducidos sus ingresos y los productores locales se vuelven menos competitivos frente a las importaciones.

Para empeorar más la situación está el hecho de que el país se está transformando en un emporio minero: carbón, petróleo, níquel y oro ocupan más del 45% de las exportaciones del país. En fases de precios altos, las rentas de estos recursos se tornan en una maldición para la producción de bienes transables, que son los que se exportan o compiten con las importaciones pues revalúan la tasa de cambio.

En tales circunstancias, la fórmula conocida y que aplican en Canadá, Chile y Australia es que el gobierno ahorra las bonanzas y más, de tal modo que se sacan de la circulación las divisas que afectan negativamente la producción y el empleo. El gobierno de Álvaro Uribe pasará entonces a la historia como el que más dilapidó recursos públicos cuando más se necesitaba de lo contrario.

 

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