Por: Jaime Arocha

El magistrado de la gente negra

El doctor Carlos Gaviria fue el ponente de la sentencia C-169 de 2001 sobre la circunscripción especial para que indígenas y afrodescendientes llegaran a la Cámara de Representantes.

Perfeccionaba el ideal de una nación basada en la diversidad cultural que introdujo la Constitución de 1991. El eje del pronunciamiento fue el Convenio 169 de la Organización Internacional para el Trabajo sobre “Pueblos indígenas y tribales en países independientes”. Sin embargo, Gaviria hizo la salvedad de que para la Corte Constitucional lo tribal no significaba marginalidad con respecto a la “complejización” humana, sino identidades culturales distintas “a la de la sociedad dominante” (p. 28). Sostiene que las de las comunidades negras comenzaron a configurarse “desde los primeros tiempos de la esclavitud […] cuando se establecieron los ‘palenques’, pueblos de […] ‘cimarrones’, y se sentaron las bases para lo que hoy aparece como una cultura propia”. De esa especificidad depende que esos pueblos sean “acreedores a los derechos que consagra” ese convenio internacional, en particular “la titularidad de derechos colectivos” (p. 29).

No obstante el que —desde 1993— la Ley 70 hubiera reconocido la etnicidad de los pueblos de ascendencia africana y la consecuente ancestralidad de sus territorios, el escamoteo de ambos derechos sería mayor sin el refuerzo de la Sentencia C-169. Como se sabe, a partir de 1997 las comunidades negras de ambos litorales han sido objeto de invasión, despojo y desplazamiento forzado. En 2004, la serie Contravía aproximó a quienes los paramilitares desplazaron de Jiguamiandó y Curvaradó sobre el bajo río Atrato. Como los desterrados que retornaron “encuentran que sus tierras están cubiertas de palma africana”, Hollman Morris interroga a Andrés Felipe Arias. Para el entonces ministro de Agricultura, aquellos palmicultores tenían sus créditos bancarios en orden, parecían ser poseedores de buena fe y no violadores de la territorialidad que amparaba el Convenio 169 de la OIT (http://bit.ly/1CHYvGn).

Los crímenes contra los damnificados permanecían en la impunidad hasta que en ese mismo año de 2004, mediante la Sentencia T-025, la Corte Constitucional declaró que la situación de desplazamiento, así como las omisiones de las autoridades, constituían un estado de cosas inconstitucional. De ahí los plazos perentorios para que el Ejecutivo hiciera las cuantificaciones correspondientes e introdujera las reparaciones necesarias. Como durante esos años el Ejecutivo negaba el conflicto armado, en 2009 la misma Corte volvió a manifestarse a favor de las víctimas del destierro, con el enfoque específico del Auto 005 sobre la gente de ascendencia africana. Pese a que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras refuerza la respuesta a favor de esas poblaciones damnificadas, el proceso avanza con lentitud y enormes dificultades. De ahí la esperanza de que el Plan Nacional de Desarrollo para la Paz, la Equidad y la Educación amparara de la minería industrial a los territorios ya vulnerados por la agroindustria. Sin embargo, Planeación no tuvo en cuenta las críticas que al respecto hizo la Autoridad Nacional Afrocolombiana (Anafro) y el Ministerio del Interior argumentó que esa autoridad no tenía la representatividad requerida para la consulta previa del proyecto de ley antes de pasar al Congreso. De ahí la tutela interpuesta (http://bit.ly/1cpFAuZ). El proceso que esa acción desencadenará habría sido imposible sin la ética del magistrado Carlos Gaviria.

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Jaime Arocha

Y seguimos tocando

Naranja enceguecedora

Fascismo

Conexión rural

Terrible, el Iván