Por: Cecilia Orozco Tascón

El magistrado que nos merecemos

Por un momento, y aunque el personaje en cuestión ha tenido fama de experto en manejos politiqueros, pensé que los comentarios públicos en contra del hoy magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos tenían un hedor clasista.

Por eso, y no porque me fuera indiferente —como no debería serlo para ningún colombiano—, guardé silencio antes de que el Senado eligiera al abogado que ocupará, durante ocho años, la novena silla de nuestro máximo tribunal. También me pareció injusto e inválido el argumento con que trataron de descalificar a la fiscal Martha Lucía Zamora, la segunda candidata de la terna enviada por el Consejo de Estado al Senado. Respecto del tercer aspirante, Alejandro Linares, de quien tengo buena opinión y cuya brillante hoja de vida se defendería sola en un país serio, debo decir que lamenté que hubiera caído en el desacierto de ofrecerle un homenaje campestre a un alto miembro del Gobierno, días antes de la elección. Tal vez mal aconsejado por los que cifran su éxito en el lobby y los halagos, creyó que con un ágape social podía contrarrestar la ya cocinada promesa de los congresistas a Rojas. Pero, después de leer los artículos y la muy documentada información de seguimiento que el portal virtual La Silla Vacía ha publicado sobre la conducta y dudosas amistades del nuevo togado, tengo que admitir que minimicé las objeciones que se le han hecho. No hablo, por supuesto, de las críticas que se generaron en ese mundo perverso del poder donde los enemigos (y, valga la pena resaltar, las enemigas que abusan de las prebendas del Estado) se inventan jugadas sucias contra los demás por todo, menos por altruismo. Me refiero a las que le formularon los analistas que velan por los intereses generales.

La Silla Vacía expuso tres cuestionamientos contra Rojas: 1) su asesoría profesional a una de las empresas de un negociante rico de Córdoba, Pedro Ojeda Visbal, amigo de juventud de Salvatore Mancuso; 2) el pago de casi $500 millones, proveniente de las chequeras de Ojeda en 2010, y el ocultamiento de ese pago en su declaración de renta, en la que reportó honorarios por la irrisoria cifra de $8,5 millones, y 3) la “ayuda” que le prestó la exparlamentaria Zulema Jattin, también de Córdoba, para impulsar su elección en el Senado, frente al presidente de la República y a sus excolegas. Las respuestas del recién elegido fueron, en su orden: 1a) no recordó a Ojeda ni a su empresa; 1b) recordó a Ojeda “más que a su empresa”, pero dijo desconocer la relación del negociante con Mancuso; 2) admitió haber recibido de Ojeda $499 millones, pero no dio explicación sobre el gordo error en la declaración a la DIAN (“estoy averiguando con el contador”); 3) negó la campaña de Jattin a su favor: “Zulema está totalmente desaparecida de mi vida”.

Al día siguiente de la elección de Rojas, éste se fue a almorzar con Jattin. ¿Celebrando? Ciudadanos indignados con la mentira del flamante magistrado le enviaron a La Silla Vacía las fotos de los comensales. La política cordobesa renunció a su curul cuando la Corte Suprema le abrió investigación y la mantuvo detenida por sus relaciones con paramilitares de la Costa, entre otros Mancuso, el pana de quien contrató al togado. Jattin también está siendo investigada por la Suprema y tiene nueva medida de aseguramiento desde octubre de 2012. La procesan por peculado por apropiación y por haber celebrado contratos sin requisitos legales cuando era presidenta de la Cámara. Su asesor, en aquella época, era Alberto Rojas Ríos. ¿Es esta la clase de magistrado de alta corte que nos merecemos? Sí, por nuestra pasividad resignada y por someternos, sin chistar, a los corruptos, como si Colombia fuera de ellos y no nuestra.

 

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