Por: Salomón Kalmanovitz

El marco fiscal

El Gobierno debe elaborar cada año un estudio de sus ingresos y gastos hacia futuro. Es un ejercicio interesante, pero tiende a ser autocomplaciente: los supuestos que utiliza son muy optimistas, como que el crecimiento será bastante más alto que el que los analistas han observado. En efecto, los técnicos del Gobierno afirman que el crecimiento será de 2,3 % en 2017, cuando en el primer trimestre fue de sólo 1,1 %, o que la inflación será menor a la esperada por el mercado.

Los supuestos irreales generan proyecciones poco confiables. Aun con estos supuestos benévolos, se cree que el déficit del Gobierno central será del 3,6 % del PIB en 2017, contra 3 % del año anterior, lo que ya envió mensaje negativo para los inversionistas en deuda colombiana o las evaluadoras de riesgo que representa el país. Si la economía crece menos o la inflación es mayor, entonces el recaudo tributario será menor al imaginado, mientras que los gastos son siempre muy difíciles de contener. Lo cierto es que el Gobierno debe aumentar nuevamente su endeudamiento para enjuagar su déficit.

Es inconcebible que durante la gran bonanza externa que disfrutamos las administraciones de Uribe y Santos no redujeron la deuda pública, sino que la aumentaron y ¡de qué manera! en este Gobierno: en 2012 la deuda bruta del sector público fue de 41 % del PIB, pero en 2017 alcanza el 52 %, $476 billones, o sea que cada ciudadano debe $10 millones. Las justificaciones son pías: que el desajuste externo fue monumental y que nos fue mejor que a los vecinos, pero si el Gobierno hubiera sido más precavido y no hubiera traído más divisas cuando las del petróleo ya revaluaban la tasa de cambio, la enfermedad holandesa hubiera sido menos aleve y la devaluación al igual que la inflación que siguieron hubieran sido menos corrosivas.

La reforma tributaria aumenta el recaudo en $13 billones, gracias al incremento del IVA del 16 % al 19 % y a los aumentos invisibles de los impuestos a la gasolina y al ACPM. Al mismo tiempo, se redujo el impuesto a la riqueza para las personas jurídicas, pero no se informa qué sucedió con las personas naturales que tienen sus ingresos mayormente exentos de impuestos. Es un hecho que los impuestos progresivos en Colombia son temporales mientras que los regresivos son permanentes. Así mismo, se redujeron los impuestos a las empresas, los cuales son excesivos, pero no se compensaron con aumentos de los impuestos para los dueños de tales empresas ni para los propietarios de tierras o de inmuebles. Nuevamente, las políticas regresivas no aportan suficientes recursos al Gobierno, pero castigan el consumo de todos los ciudadanos de ingresos bajos y medios.

Los datos sobre pensiones que presenta el marco fiscal son contradictorios con los que informa Colpensiones. Para este, el déficit en 2017 será de $37,5 billones mientras que el Gobierno lo reduce a $31,3 billones. Vale aclarar que el grueso del déficit pensional público corresponde a compromisos con los regímenes del magisterio, la Policía, el Ejército y pensiones públicas, con un 70 % del total, mientras que Colpensiones como tal carga sólo con el saldo.

En fin, las malas políticas públicas causaron pérdidas apreciables a la industria y a la agricultura y frenaron las exportaciones no tradicionales. La desigualdad aumentó, a su vez, por la preferencia de los impuestos indirectos contra los directos; para rematar, las finanzas públicas siguen desequilibradas.

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de %2

Memoria

Los mendigos del mar

Asesinato de un periodista

Bolsonaro: tan lejos, tan cerca