Por: César Rodríguez Garavito

El matoneo ambiental de la Procuraduría

Piedras, Tolima. En este rincón arrocero del país, queda claro que la cruzada de la Procuraduría contra los derechos ciudadanos es más ambiciosa y ubicua de lo que parece desde Bogotá.

A la campaña contra la población LGBTI y las mujeres que interrumpen legalmente su embarazo, se suma otra menos visible pero igualmente eficaz: la presión contra las comunidades locales que defienden el medio ambiente. En todos los casos, la fórmula es la misma: intimidar, con cuestionables argumentos jurídicos, a las autoridades que protegen los derechos.

El caso de Piedras es ilustrativo. En este municipio a una hora de Ibagué, los ciudadanos convocaron en julio una consulta popular para decidir democráticamente si permitían actividades mineras en su territorio. El origen de la consulta fue la presencia de la empresa AngloGold Ashanti, que venía haciendo estudios en terreno para decidir si ubicaba aquí el inmenso depósito de residuos que dejaría la explotación de la mina de oro de La Colosa, proyectada para ser una de las más grandes del mundo.

Las consultas populares están autorizadas por la Constitución, y la de Piedras cumplió todos los requisitos. El resultado fue contundente: el 99% de los piedrunos que participaron lo hizo para votar en contra de proyectos como el de AngloGold, por los riesgos que acarrean para el agua, la agricultura y el medio ambiente locales.

Hasta aquí, el caso parecía un ejemplo esperanzador de participación ciudadana. Pero la Procuraduría se ha convertido en la piedra en el zapato para los de Piedras. Como lo ha hecho con notarios y jueces para bloquear matrimonios de parejas del mismo sexo, ha enviado cartas al alcalde y los concejales, advirtiéndoles que no pueden interferir con la minería, porque ese sería un tema del gobierno central, no de los municipios. En realidad, el problema jurídico es complejo y no está decidido, porque no hay precedentes de consultas populares como la que se hizo aquí.

Pero ya se sabe cómo opera la Procuraduría: convierte sus opiniones jurídicas en verdades categóricas que intimidan a los funcionarios que interpretan la ley a favor de los derechos ciudadanos, porque sabe que en sus manos está el poder de sancionarlos y destituirlos.

Así también ha amedrentado a Cortolima, la autoridad ambiental que ha tenido la independencia y la integridad necesarias para supervisar estrictamente las operaciones de AngloGold. Atendiendo quejas de los lugareños, Cortolima determinó que la empresa venía haciendo perforaciones profundas y afectando cauces de agua sin tener autorización para ello. Aplicó entonces el principio de precaución ambiental y detuvo el estudio de suelos de la minera.

¿Qué hizo la Procuraduría? ¿Respaldó a la autoridad que, a diferencia de muchas otras en el país, hizo su tarea de proteger el medio ambiente? No. En lugar de ello, intervino en el proceso para apoyar a la AngloGold en su recurso jurídico contra la decisión de Cortolima, que hoy está sola en medio de esas dos presiones poderosas. Habrá que ver cuál es el siguiente paso de la Procuraduría, ahora que Cortolima tuvo el valor de ratificar su decisión.

Habrá que ver también qué hace en otros conflictos similares. Por ahora, una cosa es clara: viene haciendo todo lo contrario a “defender los intereses colectivos, en especial el ambiente”, como le ordena la Constitución.

 

 

*Miembro fundador de Dejusticia.

 

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