Por: Columnista invitado

El medio ambiente presidencial

Colombia es un país que basa su economía en la disponibilidad gratuita de bienes y servicios agotables, como el agua.

Al respecto ninguno de los dos candidatos se comprometió a continuar con la prohibición definitiva de las actividades mineras, agropecuarias y de hidrocarburos en las áreas de páramo o humedales, como los ecosistemas estratégicos donde se regula este recurso. Ninguno de los dos tampoco propuso una ley de páramos o de humedales.

En cambio climático, ninguno se compromete con metas concretas de reducción de gases efecto invernadero. Y a ninguno le preocupan los impactos económicos o de desabastecimiento que pueda dejar el actual fenómeno de El Niño 2014-2015.

Al respecto, las acciones del candidato Zuluaga se concentrarán en la creación de un sistema institucional integrado para medir los riesgos y las decisiones de adaptación al cambio climático, y el candidato Santos propone ciudades menos vulnerables al cambio climático con mayor eficiencia en el uso de recursos. El candidato triunfador construirá ciudades verdes.

Las campañas coinciden en la necesidad de continuar con la extracción de los recursos energéticos, agilizando, aún más, el proceso de expedición de licencias ambientales y reformando la actual estructura de las corporaciones autónomas regionales.

Pero pareciera que su principal diferencia radica en la institucionalidad. Para el candidato Santos, su principal logro fue la creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sin la figura de autoridad ambiental en materia de expedición de licencias ambientales, la cual fue sustraída del Ministerio para crear la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Para Zuluaga es importante consolidar la figura del Ministerio de Desarrollo Sostenible, que reúna las funciones de gestión ambiental y oferta hídrica con las de vivienda y atención de la demanda de agua potable. Asimismo, crearía una nueva institucionalidad alrededor del agua. En relación con la ANLA, plantea eliminar la discrecionalidad de la autoridad ambiental en el manejo de los requisitos y tiempos para el trámite de licencias ambientales.

Esperemos que el candidato triunfador convierta su gestión ambiental en una política de Estado que garantice la sostenibilidad de la economía nacional a largo plazo, y tenga la sabiduría de esperar para ver los beneficios que genera la conservación de los recursos naturales.

 

Ricardo Lozano *

 

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