¿Qué se sabe de la recaptura de Aida Merlano?

hace 2 horas
Por: Yesid Reyes Alvarado

El ministro de Defensa y la JEP

Hace unos días, durante una intervención en el Congreso y en su cuenta de Twitter, el ministro de Defensa dijo que mientras alias Mayimbú (señalado como responsable del homicidio de la candidata Karina García y de otras cinco personas en el Cauca) no fuera expulsado de la JEP no se lo podría capturar. Estas aseveraciones fueron refutadas tanto por la presidenta de esa jurisdicción, como por la Fiscalía General de la Nación.

Las afirmaciones del ministro sorprenden, porque cuando menos desde el 4 de abril de 2017, con la expedición del Acto Legislativo 01 de ese año, quedó claro que la JEP solo tendría facultades para juzgar delitos cometidos durante y en relación con el conflicto armado hasta el momento en que se firmó el acuerdo de paz, es decir, los perpetrados antes del 1° de diciembre de 2016. Cualquier crimen cometido por un exguerrillero de las Farc después de esa fecha debe ser investigado por la Fiscalía.

En esa y otras normas se dijo que la JEP era uno de los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y que el incumplimiento de las condiciones impuestas por el mismo haría perder sus beneficios. La Corte Constitucional advirtió que las consecuencias de ese desobedecimiento deben ser graduales y proporcionales a la magnitud de la rebeldía, pudiendo llegar hasta la expulsión del Sistema si el antiguo guerrillero se alza nuevamente en armas contra el Estado. Cuando la JEP toma esa drástica decisión respecto de alguien, todos los delitos que esa persona haya cometido durante y en relación con el conflicto armado hasta el 1º de diciembre de 2016 dejan de ser competencia de la JEP y pasan a ser investigables por la Fiscalía. Pero, obviamente, esa exclusión del modelo de justicia transicional no produce ningún efecto sobre los crímenes en que haya incurrido después del 1° de diciembre de 2016, porque su persecución y juzgamiento siempre han estado en manos de la jurisdicción ordinaria.

Es precisamente la simpleza del tema lo que hace inquietantes las declaraciones del ministro de Defensa. Es probable que el episodio se explique por la ignorancia del funcionario; pero eso, lejos de disminuir la preocupación, la aumenta: ¿cómo es posible que una persona que tiene bajo su mando un cuerpo armado encargado de combatir la delincuencia no esté en condiciones de distinguir entre un antiguo guerrillero de las Farc sometido a la JEP por los crímenes cometidos durante y en relación con el conflicto armado, y alguien que después del 1° de diciembre de 2016 sigue delinquiendo? Es difícil no preguntarse si ese desconocimiento es un asunto aislado del ministro de Defensa, o si también es predicable de los hombres bajo sus órdenes; personalmente me inquieta cualquiera de las dos respuestas posibles a este interrogante.

La otra explicación me resulta más difícil de creer, porque supondría que no se trató de un error del funcionario, sino de una calculada declaración para que la opinión pública señalara a la JEP como la responsable de que personas como alias Mayimbú no hayan podido ser capturadas y llevadas ante la justicia, y por esa vía desacreditarla a ella y al proceso de paz.

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2019-09-24T00:00:41-05:00

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2019-09-24T00:15:02-05:00

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El ministro de Defensa y la JEP

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