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hace 3 horas
Por: Hernando Gómez Buendía

El monstruo

Es bien posible que Gustavo Petro se haya brincado la ley. No sólo en el caso de las basuras, por el cual lo están juzgando, sino también, digamos, en el caso del POT.

 Es posible que el procurador lo destituya. Es posible que el doctor Ordóñez piense que tiene la razón — y tenga la razón—. Y es posible que el público lo aplauda.

Pero ese no es el punto. El punto es que creamos un poder draconiano y sin control, que ahora está en manos del personaje que no era.

Ese poder tiene un origen legítimo y profundo: el temor a que los funcionarios abusen del poder que el pueblo les delega en una democracia. Hastiados de la corrupción, las promesas incumplidas, la ineficiencia y la arrogancia de los supuestos “servidores públicos”, los países latinos adoptaron un régimen cada vez más estricto y enredado de vigilancia y control sobre los funcionarios.

La Procuraduría es un invento bastante peculiar de Colombia, que proviene de los tiempos de Bolívar. Pero la Constitución de 1991 —que se escribió “para extirpar la corrupción política”— puso el huevito del monstruo. Los artículos 275 a 284 se hicieron la ilusión de que para “defender los intereses de la sociedad” habría un personaje dedicado a ejercer “vigilancia superior” sobre los funcionarios, “inclusive de elección popular”, quien podría llegar a sacarlos del cargo mediante una simple “decisión motivada”.

Esta es la base del llamado “poder disciplinario”, que de por sí es más abierto —o más vago— que el derecho penal. Y es porque los funcionarios, a diferencia de los particulares, sólo pueden hacer lo que la ley expresamente les permite, y también a diferencia de los particulares, tienen que lograr resultados en términos de “eficacia, economía, celeridad, imparcialidad” y otros varios criterios. Por eso es siempre más fácil condenar a un funcionario que a un particular.

Y el huevito creció con la farragosa Ley 734 de 2002, el Código Disciplinario Único, que convirtió y distorsionó las generalidades de la Constitución en un listado alucinante de 40 deberes (por ejemplo, cumplir “con diligencia” sus tareas), 35 prohibiciones (por ejemplo, “retardar la respuesta a la solicitud de un ciudadano”) y toda clase de sanciones.

El huevito, ya gallo de pelea, tiene el “poder preferente” de desplazar a cualquier otro investigador, de que sus decisiones sean inapelables y de que, por supuesto, puede escoger a quién caerle —o no caerle— entre algo así como medio millón de personas que ejercen funciones públicas en Colombia.

Faltaba que ese poder cayera en manos de alguien que quiere usarlo. Ordóñez ha destituido más funcionarios, y de rango más alto, que todos sus antecesores combinados.

También sucede que es un hombre dogmático, el egresado eximio de una universidad mediocre, el que se ha hecho elegir dos veces por los congresistas y a lo mejor un candidato en ciernes a la Presidencia.

Ordóñez, procurador, es la tormenta perfecta.

 

 

Hernando Gómez Buendía. Director de RazónPública.com. *

 

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