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El pasado lunes 19 de abril fue entregado y admitido en la Justicia Especial para la Paz (JEP) un caso sobre dos hermanos campesinos asesinados a quema ropa y presentados ilegítimamente como guerrilleros muertos en combates por el Ejército Nacional.
Un delito que acaba de cumplir 14 años de impunidad.
Los hermanos —de quienes guardaremos las identidades para proteger a su familia de represalias de militares— se encontraban en la mañana del 20 de enero de 2007 trabajando y terminando de hacer molienda para sacar panela.
Pasado el mediodía, se escucharon unos disparos en una zona aledaña al corregimiento de San Daniel de Pensilvania, Caldas, donde se encontraban trabajando los campesinos. Unos minutos después llegaron a la molienda seis uniformados que se presentaron como miembros del Ejército Nacional, quienes fueron recibidos amablemente por los paneleros. Estos les ofrecieron bebidas a los soldados para refrescarse en la calurosa mañana y panela y miel para darles fuerza en las tareas del resto del día.
No sabían que esas tareas incluían sus propias muertes.
Hacia las 4:30 p.m., aproximadamente, una vez terminada la labor de la molienda, los militares invitaron a los hermanos a que los acompañaran a caminar por la enramada. Seis disparos fueron su sentencia final.
Cuando los miembros de su familia oyeron las ráfagas empezó la confusión. Inmediatamente dos militares se acercaron de nuevo a la casa exaltados, preguntando por los hermanos que ellos se habían llevado, como si no supieran lo que les había pasado.
Los soldados dijeron a los familiares que buscarían a los hermanos. Que no salieran de la casa y mantuvieran las luces apagadas toda la noche. Para la familia, todo se convirtió en desconcierto, miedo, gritos y dolor después de eso.
Los cuerpos aparecieron en la morgue de Pensilvania a la mañana siguiente. La familia los pudo reconocer únicamente por su vestimenta, ya que los disparos les fueron propiciados en el rostro, dejándolos irreconocibles.
Pero otra sorpresa acompañó su dolor. Un día después fue publicada una nota de prensa en el diario La Patria de Manizales, titulado “Dos insurgentes de las Farc fallecieron en Pensilvania”. El artículo —basado en un comunicado de prensa del Ejército— establecía que, fuera de insurgentes, los dos campesinos hermanos eran extorsionadores del corregimiento de San Daniel. Además, que el comandante del Comando Operativo Número 3 de la Octava Brigada, coronel Emiro José Barrios Jiménez, había aplaudido la operación y este logro, manifestando su compromiso “de estar vigilante y ser un garante de la seguridad del Oriente Caldense”
Falso. Los campesinos asesinados no eran guerrilleros ni extorsionadores, solo molían caña de azúcar.
Pero esto no era extraño. Según se puede constatar, entre los años 2006 y 2008 el Ejército —bajo el comando de la Octava Brigada— fue constantemente denunciado por violaciones a los derechos humanos en la zona de Pensilvania, Caldas.
Eso nos lleva al coronel de esa brigada y quien figuraba como héroe en el artículo tras el crimen contra los hermanos, descrito como la persona encargada de la seguridad del Oriente Caldense: Emiro José Barrios Jiménez.
Parece que para el señor Barrios Jiménez la manera de ser garante era la acumulación de falsos positivos, ya que está involucrado en otros casos, uno en especial que se ha estudiado en esta columna.
Recordemos que el 7 de febrero de 2008, en la vereda La Java del Oriente Caldense, Darbey Mosquera Castillo, hijo de la señora Alfamir Castillo Bermúdez, recibió dos disparos de proyectil a manos de miembros del Ejército Nacional. El cuerpo de Darbey apareció después en una fosa común usando un uniforme camuflado con botas pantaneras, y fue presentado como “guerrillero muerto en combate”.
Darbey era un niño con la vida por delante, no un guerrillero. Su madre ha empeñado sus días para que ese horrible homicidio no quede en la impunidad. Por eso mismo, han intentado acabar con su vida.
El asesinato de Darbey ocurrió a manos del Batallón de Contraguerrillas No. 57 Mártires de Puerres, perteneciente a la Octava Brigada del Ejército. Ya sabemos que el comandante de la Octava Brigada era el, en ese entonces, coronel Emiro José Barrios Jiménez. (Ver Falsos Positivos).
Para justificar el asesinato de Darbey Mosquera Castillo y presentarlo como un criminal, se crearon documentos de inteligencia falsos en la Octava Brigada y hasta una supuesta acta de pago de recompensa, por $2 millones, a un supuesto informante llamado Reinaldo para justificar la “inteligencia”.
Como se ha planteado en esta columna, dentro del expediente que tiene la Fiscalía de Derechos Humanos que lleva este caso existe evidencia que demostró que esa acta fue fabricada por la Octava Brigada y que la información es falsa. Pero una cosa sí es cierta y es la firma del entonces comandante Barrios Jiménez.
Para confirmar esto, existe una declaración del supuesto beneficiario de la plata, el señor Reinaldo, que confirma lo que establece el peritaje: que él nunca les entregó información a las autoridades. Fuera de eso, que la firma en el acta no es suya y que ni siquiera conoce a nadie del Ejército.
Ahora bien, desconociendo las múltiples evidencias que involucran al oficial Barrios Jiménez —y sin importar que en abril de 2015 la Fiscalía General de la Nación radicó una solicitud para que investigara formalmente a este militar por los mencionados hechos—, este oficial fue ascendido en octubre de 2016 a general mayor del Ejército.
No paran ahí los premios.
El 12 de abril de 2017, el general Barrios Jiménez fue nombrado agregado de la defensa de Colombia en Chile por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Sorprendente.
Y mientras que la madre de Darbey Mosquera Castillo sigue temiendo por su seguridad y la familia de los hermanos campesinos asesinados y presentados como guerrilleros clama justicia, desde el terror, hace 14 años, el general Barrios Jiménez sigue muy tieso y muy majo, sin que se aclare su intervención en estos horribles asesinatos extrajudiciales y la creación de evidencia falsa para justificarlos. Eso no es justicia.