Por: Ramiro Bejarano Guzmán

El mundo al revés

EL ÚLTIMO ASALTO DEL GOBIERNO A la Corte Suprema de Justicia —la misma que viene metiendo a la cárcel a los parlamentarios uribistas—, fue negarse a posesionar al magistrado que esa corporación designó para ocupar una plaza en el Consejo Superior de la Judicatura, quien debió hacerlo ante cuatro testigos. No se había visto jamás semejante desafuero; tenía que pasar en el régimen de la seguridad democrática, que solamente aguanta jueces de bolsillo.

La razón esgrimida por el Gobierno para no dar posesión al interesado, se hizo consistir en que éste cumplió la edad de retiro forzoso, 65 años, después de haber sido nombrado y antes de su posesión, por lo que, por sí y ante sí, decidió que no podía asumir el cargo. Se le olvidó al Gobierno que una decisión de la Corte Constitucional —así sea criticable, acomodada, ventajosa y antipática— ya tiene decidido que para algunos funcionarios, entre los cuales están los magistrados del Consejo de la Judicatura, no rige esa edad de retiro forzoso.

¿Por qué el Gobierno no demandó el nombramiento del magistrado ante el Consejo de Estado? Fue ese el camino que debió haberse agotado, claro, si estuviésemos en un Estado de Derecho, y si hubiese un mandatario que respetara a los jueces. En vez de recorrer el sendero de la legalidad, en Palacio optaron por el atajo institucional, y se erigieron en jueces de sus propias interpretaciones.

Raro que el Gobierno se haya negado a posesionar al magistrado del Consejo de la Judicatura porque tiene 65 años, pero no haya abierto su boca jamás, para referirse a la situación del magistrado de la Corte Constitucional, Marco Gerardo Monroy Cabra, quien a pesar de que hace rato cruzó la meta del retiro forzoso continúa ejerciendo sus funciones, también con fundamento en la misma tesis liviana de que estos jueces están a salvo de esta medida.

La idea no es defender la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en relación con la cual comparto la generalizada opinión de que es un lastre para la administración de justicia, que ojalá fuera abolida pronto, antes de que cause más daño. Ciertamente, esa Sala Administrativa —donde sigue deambulando la siniestra sombra de Giorgio Sale— está en mora de rendirle cuentas al país sobre su clientelismo, sobre uno que otro negocio oscuro, como también sobre la forma como integra las ternas para llenar las vacantes en las altas Cortes. Eso será motivo de otra columna.

Tampoco se trata de defender al magistrado que le impidieron posesionarse, con la trampa de que aplazara la posesión mientras llegaba la respuesta a una consulta. Él tendrá magníficas razones para explicar el porqué prefirió no renunciar y darle un portazo a los estafetas de la Casa de Nariño, en vez de someterse al abuso de poder de que fue víctima junto con la dignidad de nuestra justicia.

Sí, lo que estaba en juego ahora con ocasión de la posesión de un magistrado que no pudo posesionarse ante el presidente Uribe, era el respeto al Estado de Derecho, que terminó ultrajado desde la cumbre del poder.

Y, para finalizar, una paradoja, porque este es el reino de lo risible y el ridículo. El adormilado ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín, quien para más señas se aproxima a los 68 abriles, fue el “muchacho” encargado de notificarle al magistrado, que no lo posesionarían por tener 65 años.

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Adenda.- ¿Cómo así que ya José Obdulio anda celebrando en el programa Hora 20 de Caracol la exoneración de Mario Uribe, decretada por el fiscal Ramiro Marín, común paisano de ambos, y nadie en la Fiscalía rectifica?

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