El Ñeñecóptero (II)

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Esta es la historia de cuatro helicópteros y algunos bienes incautados por el Estado a narcotraficantes que siguen estando controlados y utilizados por las mismas manos vinculadas a la mafia y el lavado de dólares.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE), dirigida por la doctora María Virginia Torres de Cristancho, es la entidad estatal encargada de administrar esos bienes decomisados a personas vinculadas a actividades ilegales.

Ahora bien, algo ha sucedido mal y sigue sucediendo en la SAE ya que esta historia demuestra cómo una compañía vinculada con el narcotráfico, controlada por el Estado, sigue siendo administrada por el mismo grupo de personas con vínculos con la mafia.

Como se denunció en esta columna el pasado 8 de marzo, la aeronave en la que se transportaba recurrentemente el narcotraficante José Hernández Aponte, más conocido como el Ñeñe Hernández, y que aparece en varias fotografías en su cuenta de Instagram, es el helicóptero de matrícula HK-4653, un Bell 206L-3 registrado en una sociedad denominada Aeronáutica de Santander SASA S.A. (Ver Matrícula y Cámara de Comercio).

El 30 de septiembre de 2009, la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos solicitó a la Aeronáutica Civil el proceso de extinción Nº 7507 con medida de: embargo, secuestro y consecuente suspensión del poder dispositivo de varios helicópteros pertenecientes a SASA S.A, entre ellos el famosos Bell HK-4653, que aparece constantemente en la cuenta de Instagram del Ñeñe. (Ver Oficio 26-188).

El gerente de la empresa de aviación en ese momento era el señor Alejandro Augusto Blandón Peláez, como consta en varias comunicaciones de SASA y, no solo eso, sino que Blandón se había convertido en accionista de la empresa, por lo cual, también hacía parte de la junta directiva de la compañía que en 2009 fue intervenida con ese proceso de extinción Nº 7507 por “ser una organización criminal”. (Ver Registro y Junta Directiva)

Extrañamente, los helicópteros nunca han dejado de funcionar. Después de ser embargados, la Dirección Nacional de Estupefacientes ha nombrado, con el paso del tiempo, a varios nuevos depositarios para que administren las aeronaves pese a estar vinculadas con lavado de activos. (Ver El Ñeñecóptero).

Tan solo un mes después del embargo, el 6 de octubre de 2009, la Dirección Nacional de Estupefacientes en su resolución nº 1285, nombró a la compañía SASA, al señor Luiz Ignacio Stein como representante legal y “depositario provisional” de los helicópteros que les habían embargado a ellos mismos. (Ver Registro Único Empresarial)

Vaya, vaya, vaya.

Es importante recordar que el portal Verdad Abierta hizo una revisión de los pagos directos a empresas de transporte aéreo vinculadas con narcotráfico, e investigaciones judiciales realizados entre enero de 2003 y agosto de 2012 por parte del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Una de las empresas de helicópteros que más pagos directos recibió por sus servicios de transporte aéreo fue la firma Rio Sur Ltda, cuyo representante legal y gerente, según registro de las bases de datos RUES y de la Superintendencia de Sociedades, es el señor Luiz Ignacio Stein que también figuraba embargado en SASA.

De acuerdo con los registros consultados, Río Sur Ltda. facturó entre 2003 y 2011 cerca de 1.442 millones de pesos por servicios de transporte aéreo prestados con destino a San José Ralito, lugar de concentración y de las negociaciones con los paramilitares. (Ver Los contratos que Uribe no puso en Twitter).

Pero volvamos a SASA ya que, desde septiembre de 2014, los cuatro helicópteros embargados al señor Luiz Ignacio Stein y a su gerente Alejandro Blandón pasaron a control de la SAE y aquí es donde se pone mejor la cosa.

Dos días después de la columna publicada en este espacio, titulada El Ñeñecóptero, la compañía SASA envió una carta a la SAE como respuesta a la denuncia periodística.

La misiva la firman cuatro personas, entre ellas el señor Luiz Ignacio Stein como representante legal de SASA, el señor Ricardo Ortiz Montes como el anterior jefe de operaciones, Jorge Humberto Cruz como el actual jefe de operaciones y ¡oh sorpresa!, el señor Alejandro Augusto Blandón Peláez como actual piloto del helicóptero.

Así como se oye.

El que figuraba como gerente general de SASA cuando fue embargada por la Fiscalía para la Extinción de Dominio, y también accionista y miembro de junta, ahora, 11 años después, sigue firmando cartas de la compañía vinculada al narcotráfico pero como piloto del Ñeñecoptero. (Ver Carta de SASA)

Ante la sorpresa de ver a la misma persona vinculada en la compañía en una carta dirigida a la SAE, me dirigí a esa entidad y le envié un derecho de petición preguntando por qué el señor Blandón seguía vinculado a la compañía SASA embargada a él mismo en 2009.

La desfachatez en la respuesta de la SAE es aún más sorpresiva que la falta de vergüenza en la carta de SASA firmada por los señores Alejandro Blandón y Luiz Ignacio Stein.

La Sociedad de Activos Especiales estableció en su respuesta que “la Sociedad Aeronáutica de Santander S.A., al momento de la diligencia de incautación, esto es el 28 de septiembre de 2009, tenía activas contrataciones laborales con personal especializado que desarrollaba su objeto social, entre estas la del señor Blandón”.

Es decir, como tenía contrato laboral con SASA, le embargaron la empresa pero lo dejaron controlando los bienes de la empresa. Olímpico.

Ante esta pregunta la SAE dice en su carta: “A través de una visita de supervisión realizada en noviembre del año 2019, fue posible establecer que la vinculación laboral del Señor Blandón se encontraba vigente, en vista del mencionado hecho la Sociedad de Activos Especiales (SAE) dio inicio a las acciones correspondientes para validar la información, poniendo en conocimiento ante los órganos de control al interior de la entidad el mencionado hecho, generándose directrices tales como el retiro del señor Blandón y las acciones legales que procedan en atención al incumplimiento de la metodología de administración”. (Ver Carta de SAE)

Queda claro con esta respuesta que de nada sirvió el proceso de extinción de dominio Nº 7507 llevado a cabo por las autoridades, que tenía como fin quitarle el poder de disposición a SASA y al señor Blandón sobre los helicópteros por “ser una organización criminal”, simplemente porque el señor Blandón tenía un vinculo laboral con la empresa y un salario adicional, el cual sin ninguna razón, se le respetó, y por consiguiente aun sigue en la empresa desde el 2009. La SAE solo se dio cuenta de esto en noviembre del año pasado.

Es impresentable que solo hasta hace pocos meses la SAE se percatara de esto y, más aun, que, conociéndolo a la fecha no haya hecho nada para hacer efectiva la salida de los señores Blandón y Stein y, que estos sigan firmando cartas a nombre de la compañía frente a los medios para responder por los helicópteros. Mucho más con los riesgos que implican sus antecedentes.

Según la SAE, ni el señor Blandón ni el señor Stein manejan la empresa. Y argumentan que es necesario contar con pilotos especializados, como Blandón, para manejar esas aeronaves. Eso es a carta blanca desconocer la finalidad de un embargo judicial por vínculos con el narcotráfico y, más aún, la extinción de dominio.

¿Cuántos pilotos sin antecedentes y sin este tipo de riesgos asociados al narcotráfico existen en Colombia que podrían manejar estas aeronaves? Muchos, pero seguramente por estas razones oscuras es que este tipo de helicópteros son los favoritos de personas vinculadas al mundo del narcotráfico, como el Ñeñe Hernández.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com

 

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