Por: Alberto Carrasquilla

El Nuevo Mediano Plazo (II)

Sobre un documento que no discute con la seriedad requerida los escenarios de ajuste fiscal que podrían ocurrir a medida que se unifica el régimen de salud y se corre el riesgo de que se potencien la presunción de gratuidad y la informalidad laboral.

En la columna anterior planteaba que el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2011 afianza la credibilidad que dicho instrumento de comunicación entre el Gobierno, el Congreso y la opinión se ha ido ganando con el paso de los años.

El núcleo del planteamiento oficial, contenido en los capítulos 7, 8 y 9, trata el tema de fondo: las perspectivas fiscales para los siguientes 10 años. El documento supone que en el período 2011-2022 el crecimiento será de 4,8% anual, la inflación 3%, el déficit en cuenta corriente entre 2% y 3% del PIB y la inversión total 25% del PIB. En términos fiscales, el documento plantea la tesis de que habrá un quiebre importante hacia 2015, ya que el Gobierno dejaría de ser deficitario y presentaría un superávit promedio de 1,2% del PIB entre 2015 y 2022. Con todo ello, la deuda pública neta —que alcanzó su tope histórico de 48,3% del PIB en 2002— seguiría exhibiendo la trayectoria favorable que nos permitió recuperar el grado de inversión, pasando de 28,4% del PIB en 2010 a 10,5% en 2022.

Por si el anterior escenario no fuera suficientemente optimista, el Gobierno incluye un recuadro mostrando cómo lo que llama “la estrategia económica de este Gobierno” (pág. 223) podría elevar el crecimiento en 1,4 puntos porcentuales adicionales por año (es decir, de 4,8% a 6,2%) por cuanto la excelente política económica implementada catalizaría diversos factores que “le permitirían al país posicionarse como una economía de referencia en la región” (pág. 232). Me parece que el mensaje de fondo que, en materia fiscal, quiere transmitir el Gobierno es bastante confuso. Parece creer que su “estrategia económica” llevará a un crecimiento de 6,2%, pero hace una presentación fiscal sobre la base (ya optimista) de que el crecimiento sería 4,8%. La diferencia no es trivial. Por ejemplo, y a ojo de buen cubero, la deuda pública llegaría al 9% del PIB en 2022 (no al 10,5% que dice el texto principal).

Tres comentarios. Primero, es lamentable que no se presenten escenarios alternativos para la dinámica de la deuda pública en un entorno internacional tan extremadamente incierto como el actual, en el cual hay diversas familias de equilibrios “malos”, tanto por el lado de la cuenta corriente, como por el lado de la cuenta de capitales. Esta ausencia sugiere que el Gobierno está demasiado entretenido mirándose el ombligo o subestima la importancia que tiene hablar con franqueza. En cualquier caso, el documento pierde credibilidad.

Segundo, creo que el documento no discute con la seriedad requerida los escenarios de ajuste fiscal que podrían ocurrir, a medida que se unifica el régimen de salud y se corre el riesgo de que se exponencien la presunción de gratuidad y la informalidad laboral. Una posibilidad, fiscalmente explosiva, luce cada día más realista: en un par de años el régimen subsidiado es aún mas grande que el actual, el Estado pasa a ser el asegurador único y nadie en su sano juicio invierte un peso en el sector.

Tercero, el documento deja muy claro el hecho de que el Gobierno está casado con la idea de que habrá “ahorro anticíclico” en virtud de que se han expedido leyes que destinan recursos mineros a unas cuentitas. Entre 2010 y 2014 habrá un déficit fiscal equivalente al 1,6% del PIB cada año, pero se nos informa que el Estado va a “ahorrar” entre 0,4% y 0,5% del PIB con recursos provenientes de la minería. Macroeconómicamente, lo cierto es que el Estado va a pedir prestado 1,6% del PIB a la tasa activa, para depositar 0,5% del PIB a la tasa pasiva, cosa que no sólo es rayana en el absurdo, sino fiscalmente irresponsable: la diferencia, unos $100 mil millones anuales, suponiendo que el diferencial de tasas es 3%, la pagamos los contribuyentes.

 

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