El otro saqueo

No solo los casos de Odebrecht, Reficar, Isagen, Saludcoop y tantos más –frente a los cuales han hecho poco los organismos de inspección y de control– constituyen un saqueo al Estado y un timo a los ciudadanos.

También cometen fraude los altos funcionarios públicos que, una vez finalizada su gestión, aceptan ofertas para desempeñar actividades privadas relacionadas con las que desplegaron cuando prestaban sus servicios al Estado. De vigilantes que eran, pasan a asesorar las actividades que vigilaron. De censurar la negligencia de los particulares, pasan a cuestionar la impericia del Estado. Y otros más avezados asesoran a entes privados en demandas contra el Estado al que acaban de servir.

En los tiempos que corren el conocimiento es un recurso fundamental, más importante, si se quiere, que los factores clásicos de producción como el capital y el trabajo. Por eso el sector privado vigila celosamente la información que produce, y maneja estrictas cláusulas de confidencialidad acompañadas de sanciones y multas para sus trabajadores que violen los secretos empresariales. Surgen, entonces, preguntas obvias: ¿Qué ocurre con los secretos del Estado –que son, por lo menos, tan importantes como los privados– y qué sucede con los exfuncionarios que llevan, sin recato alguno, esa información al sector privado para usarla luego en gestiones que pueden afectar los intereses públicos?

En su sesión ordinaria del lunes anterior, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, que es un organismo consultor del gobierno y una institución comprometida con la defensa del Estado de Derecho, adelantó un debate sobre este tema. Su presidente, Cesáreo Rocha Ochoa, reclamó la necesidad ética de que el país asuma el propósito de extirpar los malos hábitos públicos. Por su parte, el jurista Ernesto Rengifo García compartió unas reflexiones sobre lo que puede llamarse el otro saqueo.

En efecto, es mucha la información confidencial del Estado que termina en las empresas privadas con el simple tránsito de un alto funcionario público a una sociedad particular, sin ningún tipo de contraprestación. Es una prueba más del desprecio hacia lo público. En otras palabras, se produce una expropiación sin indemnización, pero en sentido contrario: del sector privado al sector público. Es un saqueo al Estado.

El académico Rengifo García puso de presente una sentencia de casación civil del 21 de febrero de 1938, frente a un caso concreto, en la cual se afirmó que “el interés público es más valioso que el individual”. Luego, formuló una pregunta con sentido crítico: “¿Qué dirían hoy los magistrados de las altas cortes ante una situación semejante, en un entorno en el cual se privilegia lo privado y lo individual, y no lo público ni el interés común?”. Eran otros tiempos: los ministros eran dirigentes como Darío Echandía o Alberto Lleras; y los magistrados eran juristas como Antonio Rocha o Eduardo Zuleta.

En tiempos actuales, ministros, magistrados y altos funcionarios del Estado no tienen reparo en desprenderse de su cargo público y ponerse al servicio de una empresa para gestionar ante la misma dependencia que manejaban, haciendo uso de la información privilegiada que conocieron por el ejercicio de su función pública. A todo parecer eso ocurrió con el director de Invías, que al salir de su cargo se puso al servicio de la firma Odebrecht y gestionó a su favor frente al Estado que antes representaba.

El académico Rengifo respondió su propia pregunta en forma propositiva: “La sociedad colombiana tiene el reto de crear un sistema de protección a la información confidencial del Estado, porque ella pertenece a todos y de su uso o explotación comercial se debe beneficiar la comunidad en general. Fortalecer la defensa de esa información, en la era del conocimiento, equivale a fortalecer a Colombia como proyecto común y comenzar a restablecer el respeto por lo que es de todos”. Además es un imperativo ético.

*Ex senador, profesor universitario. @inefable1