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hace 2 horas
Por: Gustavo Duncan

El país que somos

A LO LARGO DE LA HISTORIA PIRATAS, bandidos y mafiosos han sido parte crucial del proceso de formación de Estado.

Autores de primera línea en ciencias sociales (Weber, Tilly, Moore) han señalado cómo estos criminales fueron definitivos para que el Estado acumulara capital y dispusiera de la fuerza suficiente contra las amenazas internas y externas que desafiaban su hegemonía. Piratas, bandidos y mafiosos se apropiaban de riquezas que compartían con el Estado a cambio de protección e imponían su dominio en territorios donde la autoridad no contaba con los medios para someter a sus pobladores. Reyes y emperadores reconocieron sus servicios asimilándolos dentro de las élites y exculpando su pasado criminal. Muchos descendientes de corsarios y bucaneros se convirtieron así en nobles y estadistas.

Narcotraficantes y paramilitares han cumplido un papel similar en Colombia: han contribuido a su manera al proceso de acumulación de capital y han sido una fuerza definitiva para expulsar a la guerrilla de muchos territorios del país. Dentro de esa lógica surge la pregunta acerca del momento en que el Estado reconocerá sus servicios y los asimilará como élites al margen de cualquier culpa. En otras palabras, ¿cuándo veremos a la segunda generación de los Escobares y Bernas en cargos, funciones o empresas reconocidas como legítimas y valoradas por la sociedad?

Lo paradójico es que eso ya lo estamos viviendo al día de hoy, pero no del modo simple como debería suponerse. No será con nombre propio, ni con el nombre de sus hijos o nietos, que los Escobares y Bernas se asimilarán a la sociedad como élites legítimas. Más aún, es casi seguro que nunca lo harán porque pertenecen a una categoría de empresarios criminales que son material de sacrificio. Los capos del narcotráfico y del paramilitarismo serán encarcelados, eliminados y arruinados. Así sucedió con los Escobar y Rodríguez Orejuela, que bastante contribuyeron a financiar la carrera de muchos políticos nacionales, y con los Castaño y Mancuso que ayudaron a muchos empresarios regionales a salvaguardar su riqueza y hacerla crecer en condiciones adversas.

Ni los operadores del negocio, desde quienes siembran, procesan y trafican, ni quienes se encargan de organizar la violencia, desde sicarios a paramilitares, tienen lugar en la sociedad legítima. Son otro tipo de figuras sociales ligadas a ‘paras’ y ‘narcos’ los que se asimilarán como élites emergentes: la clase política que protegió su expansión y los empresarios que se dedicaron a lavar y a encubrir sus ganancias.

La naturaleza del país que somos se proyecta hasta el tuétano en estos detalles. Es impensable que alguien con la presencia y el comportamiento de un capo mafioso o salvaje patrón paramilitar sea aceptado como élite legítima. Pero políticos y empresarios corruptos que poseen las destrezas sociales para insertarse en el poder legal, al tiempo que disponen del capital y la fuerza de narcotraficantes y paramilitares, poco a poco se labran un espacio central dentro de las élites del país. Pueden llegar a los principales cargos públicos y realizar los negocios más lucrativos con la aprobación del Estado sin que los abundantes cuestionamientos sobre actuaciones comprometedoras desafíen su poder en expansión.

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