El paramilitarismo sí está vivo

El paramilitarismo está vivo, vigente y actuante. No es “cosa del pasado”.

Es un presente tenebroso y con futuro promisorio por sus vínculos y alianzas con poderes y entronques, legítimos e ilegítimos, de la sociedad e institucionalidad colombianas.

Más aún, el paramilitarismo que hoy campea en demarcadas y bien resguardadas zonas del país ha evolucionado en nuevas y más efectivas formas de dominación local y regional al introducir el componente ideológico y político, al armado y terrorista inherente a su “estructura de dominación basada en ejércitos privados”; en mafias con capacidad de desplazar y sustituir al Estado en sus funciones.

En facciones y grupos que cooptan el poder regional y local, la administración y rentas públicas en sus diferentes ramas y divisiones para de esa forma protocolizar una relación con el Estado que les da el carácter de legales para operar en todos los frentes de la institucionalidad, a la vez que combinar, desde esa legalidad asociada y consentida con el Estado, las diversas formas de lucha que tal alianza les proporciona: la política y la de las armas, la violencia y el terrorismo, propias de este tipo de organizaciones.

De señores de la guerra, mayormente relacionados con grandes propietarios de tierras, agricultores y ganaderos, el paramilitarismo ha ido derivando hacia nuevos y bien potentados aliados: caballeros de industria y prominentes representantes de sectores claves de la política y la economía, a cuyo arrimo y salvaguardia ha logrado permear y tomar posiciones estratégicas tanto en el político como en el aparato productivo nacional, consolidar su pretendida y cada vez más “blanqueada” legalidad y erigirse en factor de poder incuestionable.

Lo cual es, sin dudas, revelador de cuanto tuvo y ha tenido que ver el Estado en la operatividad, instrumentalización y evolución del paramilitarismo; de su inserción en la sociedad e institucionalidad, más acá o allá de si ese tipo de poder armado, violencia, despojo y desplazamientos sistemáticos, era o no en su origen legal y responsabilidad del Estado.

Si se trató de “una relación de subordinación o de un proyecto paramilitar de Estado o de élites nacionales”, es cuestión que la historia se encargará de esclarecer más temprano que tarde, pero cuanto queda al descubierto es que la participación de uno y otro actor sí fue coadyuvante en la formación, desarrollo y consolidación de ese macabro proyecto.

Por eso me sorprende que sea el connotado profesor e investigador Gustavo Duncan, Los señores de la guerra, quien venga a excusar en su columna en El Tiempo, so pretexto de “caduco”, el paramilitarismo y por ahí, de carambola, a quienes en su condición de tales o de concertados para ese fin han sido condenados por crímenes de lesa humanidad.

Ora como congresistas, ministros, gobernadores, alcaldes, generales de la República, ya como particulares vinculados a las “élites nacionales”, pero todos a una en su condición de concertados en empresa criminal con el paramilitarismo para la consumación de su protervo fin.

Ni caduco. Ni proyecto militar y político coyuntural “contrainsurgente”: el paramilitarismo es un mal mayor, catastrófico, en la sociedad colombiana, cuya permanencia y reproducción en sus formas política, armada y terrorista está en el orden del día de la vida nacional.

Innegable.

* Poeta.

@CristoGarciaTap