El petrazo

La decisión del Consejo de Estado que anuló por mayoría aplastante la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos que el anterior procurador Alejandro Ordóñez le impuso al exalcalde Gustavo Petro es histórica por sus trascendentales consecuencias jurídicas y políticas.

A Ordóñez se le metió en la cabeza que había encontrado la fórmula para darle un golpe de gracia a un futuro rival suyo en la aspiración a la Presidencia. Cierto es que, con ocasión de las decisiones que adoptó en ese momento la administración distrital, se creó un caos gigantesco en la recolección de basuras y en el aseo de la ciudad, pero eso no era suficiente para destituir al alcalde y menos para inhabilitarlo, sino, en el peor de los casos, para haberle revocado el mandato. Pero Ordóñez puso la Procuraduría al servicio de sus odios y pasiones politiqueras y en grave riesgo a la democracia.

Por aquellos días de inmensa agitación —recuérdese que Petro llenó la plaza de Bolívar una semana entera con sus airados simpatizantes que protestaban contra el atropello— muchos expresamos nuestro desacuerdo con que un solo hombre desde un cargo administrativo pudiera destituir a un servidor del Estado elegido por votación popular, desconociendo lo definido por la CIDH, acerca de que tal facultad solamente se puede ejercer por quien tenga la investidura de juez. Pero, claro, Ordóñez y sus compinches andaban ebrios de poder y lo que menos le preocupaba a esa Procuraduría, entonces invadida de prevaricadores y perseguidores, eran las garantías democráticas que pisotearon todas las veces que les dio la gana, en nombre de la Santísima Virgen y del oscurantismo conservador.

Hizo bien el Consejo de Estado en haber recogido la profunda equivocación en la que incurrió hace casi cuatro años cuando rechazó la tutela que interpuso Petro contra su destitución. En aquella oportunidad el consejero Jaime Orlando Santofimio — jurista ponderado y competente— salvó su voto frente a esa determinación de un Consejo de Estado poblado de poderosos aliados políticos y burocráticos del procurador. Las importantes razones que en ese memorable escrito consignó el magistrado disidente hoy son el eje central de la providencia que pudo proferir un Consejo de Estado liberado del séquito de Ordóñez. A propósito, valdría la pena identificar cuáles de los consejeros que en marzo de 2014 le rindieron obsecuente culto a Ordóñez, oponiéndose a la tutela del alcalde, ahora se abstuvieron de participar en la votación, seguramente advertidos de que su peregrina tesis de antaño sería derrotada estrepitosamente.

Lo que se ha decidido, más que la rehabilitación de un alcalde de izquierda —por el que no voté ni lo haré en las próximas elecciones—, es la redefinición del sistema jurídico, pues este Gobierno, o el que venga en agosto de 2018, va a tener que promover una profunda reforma legal del Código Disciplinario Único, de manera que le quede vedado a cualquier procurador decidir desde su cómoda y poderosa silla la inhabilidad de los elegidos. Dan risa, por decir lo menos, las hipócritas advertencias de quienes sostienen que prohibirle a la Procuraduría destituir funcionarios elegidos por voto popular le impedirá combatir la corrupción, como si antes y ahora allá hubiese sido eficaz la lucha contra ese flagelo. Echen una miradita a lo que pasa en el Valle del Cauca y en particular en Buga, donde el senador Carlos Fernando Motoa es amo y señor de la Procuraduría.

Así como atribuyeron al Consejo de Estado las pérdidas de investidura de congresistas, será necesario crear una instancia judicial del más alto nivel, vinculada o no a una alta corte, a la que se le encomienden los procesos disciplinarios contra los elegidos y se le faculte para inhabilitarlos. Un juez, cualquiera que sea, llámese como se llame, detendrá para siempre el embrujo totalitario que amenazaba el Estado de derecho, permitiéndole a una sola voz apagar por la vía de la inhabilidad a los servidores ungidos con el voto popular. Más que Petro, pues, se salvó la democracia.

Adenda. Tramposa la inclusión en el Congreso de inhabilidades para los magistrados de la JEP después de que fueron nombrados. No hay duda de que se trata de una decisión inconstitucional con la que se pretende perseguir a más de uno de los designados.

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