Por: Rodolfo Arango

El plan B

EL REFERENDO AGONIZA EN EL CONgreso de la República. Gracias a acuciosos periodistas conocimos oportunamente del plan B de los reeleccionistas.

Se trata de acudir a la consulta popular por iniciativa del Presidente, con la firma de sus ministros y con el concepto favorable del Senado. Este mecanismo constitucional de participación política permite consultar a los colombianos decisiones de trascendencia nacional. La de permitir que el pueblo se pronuncie en referendo si quiere la posibilidad de un tercer mandato del presidente Uribe es una de ellas. Millones de firmas, el clamor popular reflejado en las encuestas de opinión y el clima de guerra externa contra presidentes que apoyan el terrorismo en un año de elecciones confirman la trascendencia nacional del asunto.

Se equivocan quienes desestiman la viabilidad del plan B por inconstitucional e ilegal. La consulta popular no tendría como objeto la modificación de la Constitución, lo cual está prohibido por la ley estatutaria. Con el plan B se ordenaría la realización del referendo reformatorio de la Constitución para permitir una nueva reelección. Se trata de una simple pregunta que puede hacerse y su respuesta contabilizarse en forma expedita. La decisión del pueblo, de lograrse la mayoría de un tercio del censo electoral, sería de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades. Este camino se justificaría ante el “bloqueo irregular” de las instituciones a la voluntad soberana del pueblo, en especial de dos magistrados de la Corte Suprema o del filibusterismo de la oposición. El Estado de Opinión, dizque “fase superior del Estado de Derecho”, ordenaría desbloquear la posibilidad de que el pueblo sea escuchado. Si los enemigos del plan B tuvieran aún dudas, podrían demandar el acto respectivo ante la Corte Constitucional. Su control, sin embargo, según sentencia C-180 de 1994, no sería previo a la realización de la consulta sino posterior. Y esto sólo como consecuencia de una demanda ciudadana y por vicios de procedimiento. Para cuando la Corte Constitucional se pronunciara sobre la consulta, se estaría ya ante un hecho cumplido al haberse realizado el referendo reformatorio de la Carta Política. Su decisión sería inocua por sustracción de materia.

¿Dónde está, entonces, la bolita? La trampa está en que la consulta popular busca sustituir inconstitucionalmente el procedimiento establecido en la Constitución para aprobar el referendo. Al no aprobarse la reforma constitucional por la vía del referendo, en adelante se podría enmendar, corregir o sustituir el trámite en el Congreso mediante la consulta popular. Al fin y al cabo la soberanía radica en el pueblo, no en sus representantes. Lo que obvian los defensores del plan B es el hecho de que la Constitución sólo establece tres vías de reforma al pacto político fundamental, y la consulta popular no es una de ellas. Acudir a ella para enmendar la no aprobación por el Congreso de la realización del referendo constituye una salida extraconstitucional o golpe de Estado encubierto bajo el ropaje del Estado de Opinión. Bien valdría preguntar a Juan Manuel Santos o a Andrés Felipe Arias si en estos términos también estarían dispuestos a acompañar la candidatura del actual mandatario. De ser así, apoyarían una salida extraconstitucional para asegurar la continuidad de Uribe. Pero la sagaz jugada también significaría el paso de la democracia a la tiranía. Frente a ella los demócratas unidos deben estar preparados para defender en las calles sus derechos y el Estado constitucional de derecho contra el despotismo de quienes invocando la voluntad popular quieren perpetuar en el poder a hombres de inteligencia superior.

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